Tras la proliferación de casos de tomas de terrenos en los últimos meses, la Suprema Corte de Justicia bonaerense limitó el accionar policial en los desalojos, al establecer un nuevo protocolo de actuación que reduce al mínimo el uso de la fuerza.
El máximo tribunal aprobó días atrás un «protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad», que relega el accionar policial a una última instancia y establece instancias de mediación que incluyen la posible relocalización del asentamiento.
La decisión se da tras la multiplicación de casos de tomas de terrenos en toda la provincia, sobre todo en las periferias de los grandes centros urbanos del Gran Buenos Aires y el interior. El fenómeno no es nuevo, pero en noviembre pasado tuvo su pico de violencia con la muerte de un hombre en Ciudad Evita, durante una toma.
Concretamente, la Corte estableció una serie de pasos para actuar frente a tomas ya concretadas, que prácticamente excluyen el uso de la fuerza pública. En primer lugar, ordena la realización de informes socio-ambientales para determinar la cantidad de personas que realizan la toma y cuántos de ellos son menores, mujeres o ancianos. También, de ser posible, la identificación de posibles instigadores.
Además, incluye una instancia de negociación para establecer la posible relocalización del asentamiento y negociar una devolución pacífica de las tierras, con la intervención de diversos organismos municipales y provinciales.
Agotadas estas instancias, el protocolo establece que la orden de desalojo deberá ser comunicada a los ocupantes «en un plazo razonable» para permitir un retiro voluntario. El aviso deberá establecer el día y una banda horaria de dos horas dentro de las cuales se realizará el procedimiento. Además, se indica que el mismo debe realizarse en horario diurno y tendrá que suspenderse en caso de tormentas.
Una vez cumplidos estos requisitos, y como última instancia, habilita el accionar policial, aunque determina que «deberá efectuarse con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren». También exige la presencia de servicios de emergencia y de funcionarios para que constaten la realización del procedimiento.
En los considerandos de la resolución, la Corte señala que con este medida busca «evitar que puedan comprometerse seriamente otros derechos humanos de las personas y grupos afectados por los desalojos y que, con ello, se genere responsabilidad estatal».
Para ello se basa en un fallo de 2015, en el que se había establecido que «en temas de alta sensibilidad humana, en los que se evidencian situaciones que involucran a personas en estado de vulnerabilidad social, el obrar de los jueces de todos los fueros no puede prescindir del respeto a la dignidad de las personas».
Además, cita un pedido del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat de la provincia, un organismo creado a partir de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, promovida por el kirchnerismo durante la Gobernación de Daniel Scioli para ordenar, aún sin éxito, la caótica situación derivada de la falta de acceso a la vivienda.
Un fenómeno en aumento
En los últimos meses se registraron numerosas de tomas de terrenos. Uno de los hechos más violentos ocurrió en noviembre pasado, en Ciudad Evita (La Matanza), donde Rodolfo Orellana, un militante de la CTEP que vivía en un asentamiento precario ubicado en Puente 12, murió tras recibir un disparo por la espalda.
Fuentes policiales indicaron que el hecho se produjo tras un enfrentamiento entre dos grupos que se disputaban el terreno, sin embargo, desde la organización que conduce Juan Grabois responsabilizaron a efectivos de la Bonaerense.
Uno de los últimos casos resonantes ocurrió el mes pasado, en Garín, partido de Escobar, y fue denunciado por el intendente Ariel Sujarchuk, quien se quejó del accionar judicial. «Hace ya una semana que ocurrieron los hechos, y la lentísima actuación del Fiscal y después del Juzgado, se ha transformado en un permiso para los especuladores y estafadores que se aprovechan de las necesidades ajenas para realizar acciones de presión política», sostuvo. En septiembre pasado, en tanto, la policía desalojó una toma en la localidad platense de Abasto, donde se habían establecido unas mil familias.
El interior provincial no está exento de este fenómeno: en San Pedro se produjeron en enero tres episodios de toma de terrenos, protagonizados por unas 50 familias.
En tanto, en Tandil los responsables de un movimiento social fueron condenados en febrero a dos y tres años de prisión, por ser considerados instigadores de una toma en Villa Cordobita, en 2015.
Números que preocupan
Según la ONG Techo, en la provincia de Buenos Aires había en 2016 1.326 asentamientos informales en los que vivían 397 mil familias, unas 1,8 millones de personas. La mayoría de ellos (1.173) se encuentran en el Gran Buenos Aires, mientras que 179 se ubican en el interior provincial, en localidades como San Nicolás, Pergamino, Tandil, Villa Gesell, 25 de Mayo, Junín, 9 de Julio, Pehuajó, Azul y Chivilcoy, entre otros.
En tanto, el Registro Público de Villas y Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Tierras bonaerense contabilizó 186 asentamientos en los que se ubican unos 1.806 barrios que alojan a 423.611 familias. Sin embargo, esta caracterización incluye a barrios irregulares pero ya constituidos, y en su gran mayoría registrados y en trámite de obtención de partidas, lo que los diferencia de las tomas precarias.
