Por Patricio Fay, Abogado
Los videos encontrados en la AFI con reuniones entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, los jefes de la propia AFI, senadores e intendentes del PRO y empresarios cercanos a Cambiemos revelan el modus operandi de la «Gestapo» montada en la provincia de Buenos Aires para fulminar gremialistas y opositores. Una operación que se iniciaba con la participación de los empresarios, pues eran ellos los encargados de generar tensión con los obreros quitándoles algunos derechos adquiridos, viandas por ejemplo, para forzar a los sindicatos a efectivizar medidas de protesta.
Logrado ello, los mismos empresarios debían presentar ante el Ministerio de Trabajo provincial escritos conteniendo reclamos y denuncias cuya letra era previamente convenida con los funcionarios de Vidal. Esas notas eran entregadas en mano al ministro Marcelo Villegas, con la precaución de no presentarlas por mesa de entradas. Decía Villegas en el video «Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano. Avenida 7, las recibe Diego Visilio».
El paso siguiente era ya con la participación del Poder Judicial, allí se presentaba una denuncia penal con palabras claves como «extorsión» y «amenazas».
La cuarta etapa del mecanismo estaba a cargo del juez interviniente quien debía solicitar al titular de la cartera de trabajo pruebas que den sustento a la denuncia. Ante el requerimiento Villegas contestaba reenviando al juez las cartas y notas que los empresarios, a su pedido, previamente les habían hecho llegar.
En la reunión filmada, Villegas explica con lujo de detalles el entramado de la operación contra los sindicatos … «Hemos tomado la decisión como gobierno, cuando digo gobierno, digo nacional, provincial y municipal, de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA», aseguró el exfuncionario, y agregó: «… el esquema es el siguiente: necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral, o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas» (textual).
Como para que no queden dudas de la connivencia con funcionarios judiciales, el ex ministro vidalista afirmó que: «Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar … hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un vice ministro de Justicia, un senador del gobierno Nacional si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial» (textual).
Era responsabilidad de esos fiscales y jueces el avance de la causa penal y la inmediata detención de los apuntados, sin sentencia ni condena, por los delitos de «extorsión» y «amenaza».
Lo planificado fue cumplido y acompañado por un bombardeo mediático abrumador.
Parece ficción, un guión de Netflix, pero no lo es, la realidad la superó. La fuerza que se autoproclama como “defensora de la República” usó el aparato del Estado para espiar y perseguir a sus adversarios. Aún nadie de Juntos por el Cambio, ni del PRO, ni de la Coalición Cívica, ni los radicales que aún permanecen dentro de la alianza conservadora, han emitido una sola crítica o repudio a esa práctica propia de una dictadura.
Julio Conte Grand, quien, en palabras del ex ministro Villegas, era el encargado de “dar volumen” a las denuncias armadas, fue Secretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal, y, después, puesto a presión en el cargo que todavía ocupa de Procurador de la Provincia. Conte Grand nunca abandonó su perfil militante como lo muestra una reciente fotografía en donde se lo ve almorzando muy distendido con Mauricio Macri. El manejo ilegal de los servicios de inteligencia fue acompañado con la manipulación de jueces y fiscales y aquí Conte Grand jugó, y juega aún, su papel.
No fueron hechos aislados, fue un plan sistemático.- Actuaron fuera de la ley, manipularon a las instituciones como si fuera un mercado persa, a todo le pusieron precio.
Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, el procurador Julio Conte Grand, Daniel Angelici, ex presidente de Boca, Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA, el empresario Nicolás Caputo, Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, y otros 120 políticos, funcionarios judiciales y empresarios, operaban con celulares encriptados provistos por la AFI. ¿Qué secretismo debían conservar? ¿De cuánto más vamos a enterarnos?
Mientras tanto el Juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, comparte sus vacaciones en un barrio privado de Villa La Angostura con Mauricio Macri, el jefe de Cambiemos, el mismo que hace pocos días advirtió que “el que saque los pies del plato desaparece”.
La serie que supera a la ficción sigue agregando capítulos, para desgracia de los argentinos.- En letra de U2 : “cuando la realidad es ficción y la televisión realidad y hoy millones lloran”.
