Con la excusa de que hay excedente de personal, el gobierno bonaerense comenzó a enviar comunicaciones a Escuelas de Educación Especial. Desde Suteba denuncian que ocultan la movida detrás de una supuesta política de inclusión. En la foto, Néstor Carasa, secretario de Educación Especial de Suteba, denuncia el recorte del gobierno.
La educación pública en la provincia de Buenos Aires no deja de recibir embates por parte del gobierno. A comienzos de año las escuelas de islas sufrieron una amenaza de cierre debido a que las autoridades bonaerenses aducían que las instituciones no contaban con matrícula suficiente. Luego de importantes movilizaciones de la comunidad educativa, la medida se suspendió provisoriamente, por lo menos hasta el año que viene. Pero ahora les llegó el turno a las escuelas de educación especial (EEE), que son las que se ocupan de la formación de niños, niñas y jóvenes con diferentes tipos de discapacidades (motoras, intelectuales y sensoriales).
A comienzos de julio, pocos de días antes de iniciarse el receso invernal, en varias escuelas (de Campana, San Fernando, Tigre, Vicente López, Escobar, Laprida, Olavarría y Esteban Echeverría, entre otras) llegaron comunicaciones indicando que se pretende reducir el plantel docente, lo que en la jerga técnica se llama Planta Orgánica Funcional (POF), con la excusa de que hay un “excedente” de personal. Algo que tomó por sorpresa a quienes trabajan en las escuelas afectadas, ya que lo que suele haber en este tipo de instituciones públicas no es un exceso de personal, sino más bien todo lo contrario.
“La educación especial desde hace muchísimos años, no es un problema sólo de esta gestión, no tiene la cantidad de recursos humanos, los cargos que se necesitan para cubrir la atención de todos los pibes con discapacidad”, aclara Néstor Carasa, ex secretario de Educación Especial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). De hecho, el mismo Carasa se había reunido a comienzos de 2016 con el licenciado Daniel Del Torto, director de Educación Especial bonaerense, para reclamarle por esta situación.
“Existe una normativa que prescribe cuántos alumnos puede haber por cada grupo, ya sea para las maestras de sede (EEE) o para las maestras integradoras que acompañan la educación de los pibes con discapacidad. Si bien esa cantidad está preestablecida a los fines de garantizar el derecho a la educación de los alumnos con discapacidad, en general no se cumplió nunca, salvo en algunos casos excepcionales”. Carasa, consejero general en representación de los docentes en el Consejo General de Cultura y Educación, se refiere a la Resolución 3367 del año 2005, en donde se establece la cantidad mínima y máxima de alumnos/as por docente.
En el caso de la Educación Especial el número mínimo de estudiantes por docentes es dos y el máximo cinco. Inicialmente, en muchas escuelas supusieron que los cargos “excedentes” se habían calculado en base al número máximo posible de alumnos, pero inclusive con ese guarismo tampoco se explicaba la pretendida reducción de personal docente. “Aparentemente tomaron ocho como cantidad máxima por maestra, pero en realidad no sobran cargos sino que están subiendo el número de alumnos que cada docente debería tener. Pero no hay ninguna normativa que diga que se subió el número, por lo tanto es arbitrario e ilegal”, denuncia el dirigente de Suteba.
Aunque las comunicaciones sobre los cargos “excedentes” no fueron notificadas en forma oficial, sino que llegaron de diferentes maneras a las escuelas (por correo postal, por correo electrónico, o transmitido oralmente a través de alguna inspectora), las comunidades educativas de los diferentes municipios estuvieron movilizándose hasta el último día previo a las vacaciones escolares de invierno.
La EEE N°506 de Tigre que se ocupa de niños y niñas de nivel inicial y primaria con discapacidades sensoriales (sordera, hipoacusia, disminución visual y ceguera), por ejemplo, realizó clases públicas, abrazos a la institución y movilizaciones en el municipio durante toda la semana pasada.
El 6 de julio la directora de esa escuela había sido informada por la inspección del distrito que la escuela “excedía” ocho cargos de su POF por orden del Tribunal Central, que es el que define estas cuestiones. Los cargos que se pretenden suprimir corresponden a cuatro maestras de sordos/as e hipoacúsicos/as, y cuatro de disminuidos/as visuales y ciegos/as. “La educación especial tiene un montón de formas de intervenir”, señala Mariel Mena, maestra de estudiantes sordos e hipoacúsicos en la escuela de Tigre.
“Cuando nos dicen que tenemos ocho cargos excedentes, en realidad lo que vemos es que miraron los papeles y se contó qué matrícula hay y cuántas maestras hay. Pero en educación especial un chico tiene varios maestros. Por ejemplo, en el caso de los ciegos, un chico puede tener una maestra de apoyo a la inclusión que va una vez por semana a la escuela de nivel (en donde se integra con chicos/as que no tienen discapacidad), después en contraturno viene a la sede de Especial y aquí tiene un día braille con otra maestra, otro día tiene orientación de movilidad en donde le enseñan a manejarse en la calle, a andar en colectivo, a usar el bastón, y eso lo hace con otra docente. Pero lo que se nota es que en esta medida que pretenden tomar hay una falta de información total, además de que hay claramente una señal de que están ajustando”, advierte la docente.
Las señales de ajuste que están dando desde la gobernación en realidad ya son varias. “Hace un par de meses modificaron la cantidad de alumnos en jardín, de veinticinco lo llevaron a veintiocho, algo que también es ilegal, porque modificaron la resolución 3367 sin haber hecho ninguna consulta ni haberlo discutido en el ámbito de co gestión, con todos los sindicatos docentes que tienen personería gremial. Y hace poco hicieron lo mismo con los Equipos de Orientación Escolar (gabinetes psicopedagógicos), modificaron la resolución en donde dice cómo se distribuyen”, informa Carasa.
Son varios los y las docentes que indican que el gobierno bonaerense pretende vaciar las EEE bajo una supuesta pátina de políticas de “inclusión”. Es que a fines del año pasado se aprobó una resolución, la 1664, en la que se propicia que haya “condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para asegurar el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad”.
En la normativa se propone trabajar con la diversidad de cada estudiante en el momento de aprender, más allá de la discapacidad, e impulsa que los docentes hagan las adecuaciones necesarias para que cada niño/a pueda aprender a su ritmo. “Hasta ahí está todo divino –asiente Mena–, pero sabemos bien que los recursos cada vez son menos. Esta resolución plantea que los chicos con discapacidad no todos necesariamente van a tener un acompañamiento de la Educación Especial”.
Desde Suteba ya se comunicaron con el licenciado Daniel Del Torto para plantearle las irregularidades que están sucediendo en las EEE. “Él manifestó que no estaba al tanto de las modificaciones en las POF y también hablamos con el Tribunal Central. Probablemente en los próximos días estemos haciendo una presentación formal en la Dirección General de Escuelas”, adelanta Carasa.
Mientras tanto, los/as docentes y los/as alumnos/as y sus familias continúan en estado de alerta durante las vacaciones.
(Nota de Por Verónica Engler, Página 12)
