Por Rocío Giaccone, diputada provincial Frente para la Victoria.- A pocos días de la fecha establecida para el inicio del ciclo lectivo 2017, la imprevisión del gobierno provincial domina el clima político bonaerense.
La falta de convocatoria a paritarias viola la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, que en sus artículos 9 y 10 establece la Compensación Salarial Docente como forma de reparar desigualdades en el salario inicial en aquellas provincias que no tienen los recursos financieros suficientes.
La compensación deber surgir de una mesa de acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Federal de Educación (con representación de todas las provincias y la CABA) y las entidades gremiales con representación nacional.
Para que quede más claro: mediante esta ley el Estado Nacional contribuye con una parte del salario de las y los docentes de todo el país. A partir de ese piso, deben darse paritarias libres en cada jurisdicción. En esas instancias, además de fijarse el salario, se acuerdan cuestiones como la estabilidad laboral, la convocatoria a concursos, las problemáticas de salud docente y el servicio alimentario escolar, entre otras cuestiones.
En las paritarias también se discute y se busca mejorar la calidad educativa, ya que los puntos señalados guardan una relación directa con la calidad.
Pero esto casi nunca se menciona en los relatos que los medios de comunicación masivos construyen sobre el tema.
Estamos, entonces, ante una violación de la ley frente a la cual los gremios apelan a las herramientas constitucionales que poseen para defender los derechos de sus trabajadores.
A partir de este dato que no es discutible, ya que figura en la letra y espíritu de una ley producto del consenso republicano, se presenta una situación de conflicto que es aprovechada por actores aparentemente ajenos a la problemática. Actores mediáticos que en sus discursos, titulares catástrofes e intenciones mercantiles persiguen el interés de desprestigiar a la educación pública y a sus trabajadores.
Afirmaciones tales como: «los docentes son todos vagos», «no quieren trabajar y eso que tienen las vacaciones más largas que cualquier trabajador», «toman a los alumnos de rehenes» y muchas otras similares son las que estarán estos días en las tapas de los grandes diarios y en los comentarios de reconocidos periodistas radiales y televisivos.
Ante el incumplimiento por parte del Gobierno, las familias de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que deben comenzar su ciclo lectivo quedarán una vez más en el medio de una telaraña de acusaciones mutuas y de incertidumbre que sólo profundizará el conflicto. La preocupación ante la posibilidad de no acceder al derecho a la educación de sus hijos crecerá, además de provocar una fractura en la organización familiar de la cual una parte importante es confiada a la escuela.
Por esta razón hacemos un firme reclamo a las autoridades para que, cumpliendo con el rol que les ha conferido la ciudadanía, garanticen el acceso a la educación pública de las y los bonaerenses porque así lo establece la Ley Provincial de Educación.
Culpabilizar a las trabajadoras y trabajadores docentes puede servir como cortina de humo pero no exime de las responsabilidades institucionales al gobierno provincial.
El tiempo se acorta y resulta urgente una solución consensuada del conflicto.
