La Justicia administrativa de La Plata suspendió los aumentos de luz en toda la provincia de Buenos Aires al cuestionar la “razonabilidad” de las subas autorizadas por el Gobierno, a quien le exigió documentación para analizar la “legitimidad” de los incrementos.
El fallo del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias dicta una medida precautelar que suspende la resolución que autorizó los aumentos tarifarios a las cuatro prestadoras bonaerenses y a todas las cooperativas eléctricas que brindan servicio en La Plata y todo el interior provincial.
Fuentes del Gobierno adelantaron que el Ejecutivo apelará la medida judicial al considerar que se encuentra “sujeto a derecho”, puesto que se realizaron las audiencias públicas requeridas el año pasado en un fallo del mismo juez. Además, indicaron que remitirán toda la información requerida por el juez.
El fallo de Arias ordena retrotraer el cuadro tarifario a los valores anteriores al aumento “sin que ello implique afectación alguna a los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, ni de los electrodependientes, ni de las entidades de bien público.
Además, exige al Ejecutivo que brinde toda la información vinculada a “la situación contable y financiera de las empresas prestatarias del servicio público, sus balances, gastos corrientes, planes de inversión, percepción de subsidios del Estado, tarifas e incidencia de los costos”.
Con estos datos, Arias pretende analizar la “razonabilidad” de los incrementos dispuestos la semana pasada, que elevan las tarifas entre un 46 y un 105 por ciento según la zona. En declaraciones periodísticas, el magistrado indicó que “se impugna la razonabilidad de la tarifa y se busca analizar si resulta o no proporcionada”. También se preguntó si “las obras que se incluyen deben incluirse en la tarifa o deben tener otra naturaleza”.
En su fallo, Arias cita como antecedente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió el año pasado los aumentos previstos para las boletas de gas, pidiendo al Estado que tenga “una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”.
REPERCUSIONES
La semana pasada, el Gobierno autorizó a las prestadoras eléctricas un aumento promedio del 58 por ciento, medida que tuvo un impacto de hasta el 105 por ciento de acuerdo a las zonas. El incremento se hizo efectivo desde su publicación en el Boletín Oficial, e iba a empezar a impactar en las boletas de junio.
Tras conocerse el fallo de Arias, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, celebró el fallo porque “reconoce una de nuestras grandes preocupaciones, que es la que tiene que ver con que los consumidores están hace tiempo afectados por subas en todos los servicios”.
Por su parte, la diputada nacional massista Liliana Schwindt, indicó que el fallo “es una buena noticia, escucharon a los consumidores e hicieron valer la ley. Los aumentos eran totalmente injustificados, no guardaban ninguna proporcionalidad ni razonabilidad con los salarios actuales”.
