La Justicia platense suspendió el viernes 13 las jubilaciones de oficio a docentes resuelta por el Gobierno bonaerense a principios de año, y dispuso el cese inmediato de las notificaciones.
Se trata de una medida precautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, a cargo de José Terrier, que suspendió de manera provisoria un decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal por el que se disponía la jubilación de oficio de cientos de docentes que al 31 de diciembre pasado habían cumplido 60 años de edad y 30 de servicio.
El magistrado ordenó a la Provincia que deje de enviar las notificaciones a los docentes afectados, hasta tanto determine la legalidad de la medida, denunciada por los gremios docentes Suteba y FEB.
Según los gremios, el decreto afecta a 3.060 docentes, que durante el trámite de la jubilación compulsiva cobrarían apenas el 60% de los haberes correspondientes. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo limitaron el alcance a 500 maestros, y aseguraron que el tiempo de pago total depende del estado del trámite en el IPS.
Desde el Gobierno minimizaron la medida judicial, al sostener que se trata de un «acto administrativo previsible que es previsible en estos casos». No obstante, defendieron la legalidad del acto administrativo, al sostener que «se trata de docentes que cumplen con todos los requisitos para jubilarse y ya no tienen posibilidades de aumentar sus haberes por más que continúen en el cargo».
Desde el sector gremial, no obstante, aseguraron que la medida «pretende condenar a la pobreza a 3.060 docentes de la provincia de Buenos Aires».
El pasado 22 de marzo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso el cese jubilatorio del personal docente que al 31 de diciembre del año pasado haya cumplido 60 años de edad y con 30 años de servicio, según se publicó en el Boletín Oficial de la provincia. A raíz de esto, el 28 de marzo los gremios docentes habían pedido a la Justicia que frene la resolución.
«Desde FEB y Suteba vamos a continuar, como lo hicimos en el 2016, hasta lograr la nulidad total de estas arbitrariedades, para que triunfe el derecho al acceso a una jubilación digna para todos los trabajadores de la educación», plantearon.
La presentación de los gremios ante la Justicia solicitaba una «medida cautelar de no innovar» para que el Poder Ejecutivo se abstuviera de aplicar la resolución que jubila a los docentes que cuentan con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Consideraban que la jubilación de oficio «perjudican a los docentes involucrados, en cuanto no les aseguran un proceso inmediato de jubilación, condenándolos a la percepción de la mitad de sus haberes y la pérdida de la obra social IOMA».
