La Procuración General de la Nación dictaminó, en un fallo que no es vinculante, que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia de Buenos Aires desde hace más de tres décadas es inconstitucional, por lo que si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido habilitará el desembarco de la cadena Farmacity en territorio bonaerense.
Según confiaron fuentes judiciales, el procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que el artículo 14 de le Ley 10.606, aprobada en 1987 en la provincia, es inconstitucional y de esta forma abre el espectro de las farmacias que pueden operar en el territorio. En tanto, sobre el otro artículo observado, el 3 de la ley, dictaminó que se devuelva el expediente para que la Suprema Corte bonaerense se expida de una manera más clara.
La ley vigente establece que las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud, y determina que no puede haber una a menos de 300 metros de otra. Además, permite como titulares a empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro (mutuales) pero no a sociedades anónimas, como es Farmacity.
Tras el dictamen del procurador que asumió en su cargo tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, ahora la Corte deberá resolver. Como dos de los magistrados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, se excusaron de votar por sus supuestos vínculos con la empresa, serán tres los jueces que lo harán y se necesitan la unanimidad para fallar a favor de la cadena.
«Escandaloso negociado de Mario Quintana sigue avanzando: el procurador interino E. Casal dictaminó a favor de la cadena. Ahora las acciones que Quintana dice que va a vender, cotizarán mucho más. Se viene el monopolio farmacéutico. Todos negociados de los MacriCEOs», escribió en su cuenta de Twitter el ex ministro de Salud kirchnerista Daniel Gollan.
El ex funcionario hizo referencia de esta manera al vicejefe de Gabinete, una de las figuras fuertes del Gobierno de Mauricio Macri y que tiene una participación accionaria en Farmacity. De hecho, es el señalado por el Colegio de Farmacéuticos bonaerense como el hombre que hace lobby para que se declare inconstitucional parte de la ley. «Esto es un avasallamiento sobre la justicia de la provincia de Buenos Aires. Es escandaloso lo que se quiere hacer con la salud en la provincia», lanzó a DIB la titular de la entidad, María Isabel Reinoso.
La cadena lleva adelante desde 2012 un reclamo judicial contra el Estado bonaerense. Los tribunales de primera instancia, apelaciones e incluso la Corte provincial rechazaron la instalación porque no respeta la ley vigente que data desde 1987. Sin embargo, el año pasado Farmacity apunta al ámbito federal y por eso presentó un recurso de queja y ahora será la Corte nacional quien se expida sobre el caso. La posible llegada inquieta a las 4.500 farmacias tradicionales existentes, que se resguardan en la ley vigente para resistir a su instalación.
