La medida se dio a conocer este martes en el Boletín Oficial. No corre para aquellos que realizan actividades esenciales.
El Gobierno bonaerense adhirió este martes a la decisión presidencial y dispuso que los trabajadores de la administración pública queden exceptuados de la presencialidad hasta el miércoles, en el marco del crecimiento sostenido de casos de coronavirus.
La Resolución 894 publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense se basa en la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, dispuesta por el Decreto N° 203/20 para los estatales “cualquiera sea su modalidad de contratación y/o régimen estatutario” y dispone la modalidad de trabajo domiciliario.
La medida aclara que quedarán exceptuados del alcance de la resolución “aquellas personas trabajadoras de la administración pública provincial que hayan sido convocadas para garantizar servicios y actividades esenciales y/o no interrumpibles, siempre que su prestación, por su naturaleza, no pueda ser brindada desde el lugar de residencia”.
Asimismo, se recordó que mediante el Decreto N° 203/20 se suspendió, desde el 1° hasta el 12 de abril del año pasado, el deber de asistencia al lugar de trabajo de todo el personal de la administración pública provincial, estableciendo la figura de “trabajo domiciliario” desde el lugar de aislamiento, “medida que fue sucesivamente prorrogada, encontrándose vigente, de acuerdo al Decreto N° 128/21, hasta el 9 de abril inclusive”.
“En virtud de la situación epidemiológica actual, que indica un incremento sostenido de casos, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, dictó la Decisión Administrativa N° 280/21 con la finalidad de brindar en el ámbito laboral la mejor protección a las personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vean afectadas las relaciones laborales y las prestaciones de servicios del Estado Nacional”, se apuntó.
Se añadió que “esa decisión administrativa prevé la estricta y prioritaria prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo remoto para los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive”.
En ese marco, el Gobierno bonaerense consideró necesario, en el ámbito del empleo público provincial, “adoptar medidas similares”.
