Luego de décadas de idas y vueltas, el mes próximo, tímidamente, comenzará a hacer realidad una iniciativa largamente esperada en la Provincia: la puesta en marcha de la policía judicial, un cuerpo de investigadores profesionalizados y especializados, que trabajará, en el ámbito de la Procuración General de La Corte, en directa relación con jueces y fiscales en la investigación de delitos complejos, de impacto social.
El primer paso para esta policía consistirá en el traspaso de la mayor parte del área de Policía Científica desde la Bonaerense a la Procuración, lo que según explicaron a DIB fuentes judiciales ocurrirá el mes próximo. Se habilitará así el funcionamiento de la rama Técnico Científica de la nueva fuerza en formación, que es la que tendrá a su cargo el procesamiento y análisis de la prueba pericial de las causas.
Para acelerar el proceso de traspaso de funciones, se puso en funcionamiento una mesa de colaboración entre el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el procurador general de la Corte, Julio Conte Grand. Pero allí se trabajará también en el proceso de fondo: la salida a la calle del cuerpo de inspectores judiciales que se encargará de recolectar, en el terreno, las pruebas de los diversos casos y la analizará.
Pero eso, estiman, ocurrirá recién en un año, tal como publicó hoy el diario Extra que edita agencia DIB. Por ahora, pasarán a depender de la Procuración los peritos –son profesionales civiles- médicos, balísticos, biólogos y de otras especialidades.
La ley, que fue sancionada el año pasado, reemplaza a una norma previa, votada en 2012 pero congelada en su ampliación por la gobernadora María Eugenia Vidal, que impulsó otra –elaborada por el massista Ramiro Gutiérrez.- que dispone la creación de la figura del investigador en función judicial para colaborar directamente con la justicia en todos los aspectos de la investigación de un delito.
La convocatoria para incorporar a ese cuerpo de investigadores, el «corazón» de la nueva policía, está planificada para mediados de este año. La creación de la policía judicial en la provincia está pendiente desde la reforma de la Constitución bonaerense de 1994.
