La Asociación del Fútbol Argentino tomó la decisión unilateral y arbitraria de dar como clasificados a River y Platense, en las categorías Sub-14 y Sub-16 de fútbol femenino respectivamente, al Torneo Evolución Conmebol que se disputará en Paraguay con representantes de todos los países sudamericanos asociados; salteándose así la definición que, por reglamento, estos tendrían que haber disputado ante quienes resultaran finalistas por el Consejo Federal en ambas categorías y dejando inconclusa dicha competencia que ya contaba con los clasificados de las ocho regiones, entre ellos Sarmiento de Junín, en las dos divisiones, por la Federación Bonaerense Pampeana Norte.
Dejar trunco el torneo es robar. Arrancarle de un tirón la ilusión a cientas de jugadoras que están iniciándose en la competencia de alta exigencia, mostrándoles demasiado rápido en sus vidas lo duras que pueden llegar a ser las decepciones en un fútbol argentino que, especialmente para ellas, todavía deja mucho que desear a nivel de estructura y organización. Burlarse del dinero ya invertido, por sus clubes y en una amplia mayoría de los casos por sus propias familias, en los viajes y la logística que demandó el hecho de que el torneo sí haya comenzado a disputarse. Pero incluso peor es que ni siquiera se hayan atrevido a decírselo a la cara, porque antes que estos equipos fuesen notificados de la decisión, los representativos de AFA ya habían sido informados de su clasificación a la instancia internacional.
En un comunicado del Departamento de Fútbol Infanto Juvenil firmado por sus principales autoridades el pasado 15 de marzo se notifica que se «tomó conocimiento que el Consejo Federal no pudo culminar los torneos de Desarrollo Sub-13 (masculino), Sub-14 y Sub-16 (femenino), correspondiente a la edición 2022 (a finalizarse este 2023), en relación de no haberse recibido postulación formal de ligas para ser Sede de la Etapa Final». De primera mano, llama la atención que el informe se haya elaborado nueve días antes que concluyera el plazo que, supuestamente, existía para que el Consejo Federal decidiera sus finalistas.
Pero hay también otros aspectos que se omiten en el mismo. Un detalle no menor es que desde Desarrollo Conmebol este año no se giró ni una décima parte del dinero necesario para cubrir gastos demasiado elevados para los clubes participantes, quienes a razón de esto debían ingeniárselas para asumir los costos de los viajes y el hospedaje en caso que se hubieran jugado llaves de ida y vuelta; o para que quien fuera organizador en una sede común que albergara la competencia para al menos cuatro equipos pudiera brindarle a estos las mínimas comodidades en su estadía. En años anteriores, afrontar esos gastos había sido posible también por involucrarse en la organización gobernaciones provinciales, como había sucedido en Santa Fe previo a la pandemia. Tampoco existió esta vez ninguna provincia que levantara la mano como organizadora. Y en última instancia, es evidente que las dirigencias de algunos de los equipos que debían participar, que nada tienen que ver con los cuerpos técnicos y las jugadoras, no pudieron o no quisieron hacer los esfuerzos necesarios para garantizarles esa posibilidad.
Habiendo quedado sujeta la participación y organización pura y exclusivamente a los clubes, la tarea se volvió imposible. ¿Pero puede un torneo que es oficialmente reconocido tanto por Conmebol como por los organismos nacionales, en este caso el Consejo Federal, desarrollarse sin la más mínima incidencia de estos? ¿No debía existir al menos una directiva que señalara una sede y una fecha específica para su desarrollo con gestión a cargo de las entidades superiores? Por el contrario, en el Consejo Federal notaron que había equipos que estaban en condiciones de hacer el gasto y los esfuerzos y otros que no, por lo que habrían decidido que jugaban todos o ninguno. La decisión fue tan simple como desinteresada.
Que la actual situación económica del país no colaboró con la realización de un torneo que requiere de demasiados esfuerzos es una realidad, porque no es difícil entender que los recursos puedan estar orientados a otras urgencias en un año electoral. En todo caso, aunque también hubiese provocado descontento en un primer momento, quienes conducen el fútbol deberían haberse sincerado al respecto y reconocer que tal vez no estaban dadas las condiciones para que se llevara a cabo fuera de los límites de AFA, donde las economías son más fuertes y las distancias más cortas. Pero lo que se empezó se tiene que terminar. En la cancha, no en las oficinas.
