. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció en el informe 109 ante la Cámara de Senadores que este año y el próximo continuarán los aumentos en los servicios públicos de luz y gas.
«Prevemos que hacia fines de 2019 finalicen los aumentos asociados a la reducción de subsidios, con excepción de la región patagónica para el gas natural y para el noreste en términos de energía eléctrica, siempre manteniendo un esquema de tarifa social», apuntó Peña en su informe.
El jefe de Gabinete recordó que el presidente Mauricio Macri estableció como prioridad la «normalización del sistema energético» a través de un «sendero gradual de reducción de subsidios a partir de las actualizaciones de los precios», con tarifas sociales para los más vulnerables, premios para los que ahorran e incentivos para los que invierten.
El Gobierno proyectó un ahorro de $ 64.262 millones para este año con la reducción parcial de subsidios al consumo de luz y gas. En 2017 fueron $ 75.319 millones y, en 2016, $ 142.154 millones, es decir, casi $ 282.000 millones en tres años.
No es lo único que reconoció en el Senado. Peña también adelantó que, a pesar de la reducción de subsidios sociales, el déficit fiscal se extenderá al menos por tres años más: 3,2% de déficit primario en relación al PBI en 2018; 2,2% en 2019; y 1,2% en 2020.
El Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne, heredó en 2015 un rojo de 5,4%, lo llevó a 4,2% en 2016 y a 3,8% en 2017. En ese contexto, el Ministerio de Finanzas, de Luis Caputo, proyectó una aumento del endeudamiento hasta 2020.
Sobre el endeudamiento, Peña aclaró que se incrementará. «El endeudamiento, con el sector privado y organismos internacionales, crecerá en los próximos dos años del 28,5% a casi el 37%, se estabilizará en 2020 y comenzará a descender a partir del 2021», puntualizó.
La deuda externa pública total alcanzó los US$ 113.992 millones al 30 de septiembre de 2017. El Gobierno necesitará este año US$30.100 millones y por eso en enero ya accedió por US$ 9.000 millones en el mercado internacional.
El jefe de Gabinete consideró que los próximos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, la continuidad del déficit fiscal y la dependencia del endeudamiento es consecuencia del «gradualismo» que el Gobierno implementó desde el 10 de diciembre de 2015 para acompañar a los sectores más vulnerables.
