El proyecto de Ley presentado a comienzo del mes de marzo por un grupo de senadores de la Unión Cívica Radical en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, vuelve a poner en el tapete la necesidad del reconocimiento de la Autonomía municipal.
El proyecto declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, vía de enmienda, dando lugar al reconocimiento de la autonomía municipal plena, incorporada en la reforma de la Carta Magna nacional en el año 1994, pero inexplicablemente no incluida en el texto que resultare posteriormente de la reforma celebrada en nuestra provincia.
Reclamo histórico del municipalismo, y necesidad imperiosa para la modernización de la gestión a nivel local, ya que el otorgamiento de autonómica política, administrativa, económica, financiera e institucional habilita al dictado de las Cartas Orgánicas Municipales de acuerdo a las necesidades y realidades locales.
Esta iniciativa, que acompaño plenamente, me obliga a realizar un aporte al debate sobre la autonomía municipal.
En Argentina, de igual modo que en casi toda América Latina el desarrollo de la autonomía y la descentralización municipal no ha sido un camino sencillo, más allá que existe una amplia tradición popular sobre la descentralización, pensada como una herramienta clave y vital para garantizar un adecuado funcionamiento en las relaciones del Estado y la sociedad.
La descentralización implica una transformación de las estructuras gubernamentales en relación con el medio social, supone resignificar la política, ya que toda política de descentralización requiere el fortalecimiento institucional de las unidades jurisdiccionales.
El principio de autonomía local debe entenderse como el derecho y deber de los gobiernos locales para gestionar los asuntos públicos bajo su responsabilidad y en beneficio de sus ciudadanos. Debe ser reconocido como fundamento constitucional que se sitúa en la base democrática del poder, la descentralización y la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.
Los municipios por su inmediatez se constituyen como el espacio de mayor y más fluido contacto con los ciudadanos, y, por lo tanto, son la primera instancia para la demanda y la resolución de los problemas.
Partiendo de la idea, que las mejores soluciones son aquellas que surgen de la propia comunidad, ninguna instancia político – institucional resulta más apropiada que el municipio para conocer los deseos y necesidades de los vecinos.
Es por ello que resulta cada vez más imperioso dotar a los municipios de una real autonomía.
Como lo mencione anteriormente la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber reformado su Constitución en 1994, excluyo el tema, lo que ha significado que la centralización en la gestión política condicione cada vez más los derechos de los municipios y sus ciudadanos, imponiéndoles normas administrativas y presupuestarias que hubieran sido inaplicables a administraciones autónomas.
De este modo, los municipios bonaerenses han quedado relegados y discriminados respecto a otras jurisdicciones.
La revalorización de lo local, la participación ciudadana, la democratización, el fortalecimiento de las instituciones y la transparencia de la gestión pública son ideas prioritarias que en este nuevo siglo van de la mano con la autonomía municipal.
Los gobiernos locales deben dar un salto cualitativo para aprovechar las oportunidades de la globalización.
El logro de este objetivo exige tasas de crecimiento altas y sostenidas, políticas públicas eficientes que reduzcan las desigualdades, las brechas educacionales y los problemas de empleo.
Es imprescindible que estas tareas sean planificadas como políticas de Estado a mediano y largo plazo por fuera de la coyuntura política del momento, y deben contar con la participación de una amplia gama de actores dispuestos a consensuar grandes acuerdos, dispuestos sobre todo a sacrificar intereses personales y/o sectoriales en beneficio del conjunto.
En la medida en que los gobiernos municipales tengan mayor capacidad para la formulación y gestión de políticas públicas podrán contar con más apoyos mediante los cuales atender las necesidades más urgentes, y, a la vez, aumentar el beneficio social de sus programas
