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Piden prisión preventiva para tres oficiales de policía de Junín detenidos desde el 30 de agosto

Locales

Los tres efectivos policiales detenidos el 30 de agosto pasado no recibieron buenas noticias en los dos últimos días. Por un lado, el miércoles pasado, la fiscal, Dra. Pamela Ricci elevó al juzgado de Garantías, el pedido de prisión preventiva para los tres oficiales imputados. De ahora en más quedarán solo cuestiones técnicas. En caso que Garantías haga lugar a la pretensión de la fiscalía, entonces será elevada la causa a juicio oral.

Por otra parte, quedaba aún pendiente una resolución de la Cámara de Apelación, relacionada con la detención de los uniformados. En el día de hoy, confirmaron lo resuelto en primera instancia por lo que no hizo lugar al pedido de excarcelación solicitado oportunamente por los asesores letrados de los tres imputados.

EL HECHO
Como fuera oportunamente informado, el martes 29 de agosto pasado, tres oficiales de la policía bonaerense que cumplían funciones en Comisaría Primera, fueron detenidos e imputados en una causa por Amenazas Coactivas, Falsedad ideológica y robo calificado en poblado y en banda. La investigación, dirigida por la titular de la fiscalía 4, Dra. Pamela Ricci también cuenta con la intervención de la Ayudantía Fiscal de General Arenales dado que el hecho investigado, comenzó en ese Partido. La historia comenzó a escribirse el 10 de enero del corriente año y las pesquisas se mantuvieron en reserva, para evitar filtraciones.

EL 10 DE ENERO
El chofer de un coche de alquiler –juninense- es convocado el 10 de enero, para que se traslade a la ciudad de General Arenales, donde le iban a entregar ciertos elementos que debería traer, en principio, a Junín. Lo que ignoraba en ese momento el taxista es que el paquete era producto de un ilícito cometido con la modalidad conocida como cuento del tío. Mientras el conductor del coche de alquiler regresaba a Junín por la Ruta Pcial. 65, en Arenales ya se había dado un alerta al tomar conocimiento del ilícito. Entre las primeras medidas adoptadas, se había implementado un operativo cerrojo.

El taxista fue interceptado por personal policial que, con posterioridad se iba a descubrir, no formaban parte de los afectados a la búsqueda. Fueron quienes lo retuvieron, se apoderaron de los bienes, lo amenazaron y obligaron a prestar declaración con argumentos “armados” por los funcionarios. A medida que la causa iba avanzando e iban surgiendo distintos indicios y pruebas -que no coincidían con la primera declaración- bajo amenaza llegó a cambiarla en cuatro oportunidades.

La causa cada vez se enrarecía más hasta que finalmente, la fiscal, el ayudante de fiscalía y una secretaria se presentaron en la parada de taxis para la que trabaja el chofer, lo trasladaron a sede de fiscalía, sospechado de falso testimonio. Esa audiencia se prolongó por cinco horas hasta que finalmente, la víctima de esta historia, se decidió a contar la verdad, previo pedir custodia. Iba a explicar lo que se sospechaba.

Durante meses fue amenazado para evitar que contara e identificara a los policías que se habían apoderado de los bienes que trasladaba en el taxi. Llegaban a pasar por la parada de taxis de manera intimidatoria. La misma fiscalía solicitó una pericia psicológica para con el conductor del coche de alquiler, que arrojó como resultado, entre otros detalles, que estaba atravesando un shock post traumático, que sus dichos eran veraces y vivía un verdadero “tormento”. También se agregaron a la investigación de fiscalía, escuchas telefónicas de los tres funcionarios sospechados de ser los autores de los ilícitos.

Finalmente, a las 6 de la mañana del miércoles, se trasladaron funcionarios judiciales y de Policía Federal, a sede de Comisaría Primera. Tres fueron los uniformados detenidos y esa misma tarde, en el edificio San José, cumplieron con lo establecido por el artículo 308. Se negaron a declarar, asistidos cada uno de ellos por un abogado particular. Acto seguido fueron trasladados y quedaron alojados en una dependencia específica -30 de Agosto-, a la que habitualmente son derivados policías y funcionarios judiciales infieles. Con el correr de las semanas, uno de los imputados fue trasladado a otra dependencia, donde permanece alojado en la actualidad.

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