El concejal Andrés Rosa presentó un proyecto de comunicación que será ingresado en la sesión ordinaria que este miércoles realizará el Concejo Deliberante. Por el mismo, se pide al Procurador General Julio Conte Grand , a que intervenga, y audite los pasos procesales dados por el Área de Tecnología y Gestión para la Investigación (TGI) creada por la resolución N° 59/15.
Por el artículo 2 se pido a Conte Grand que «indique la legalidad y alcances de dicha resolución en función de la eficacia que por el caso podría haber provocado un daño colateral : haber privado de la libertad a un ciudadano con retardo de apreciación de prueba» y «si el area TGI actuó de manera diligente y con la celeridad procesal adecuada en función de las garantías constitucionales en cuanto al proceso de apreciación de prueba».
También se quiere saber, por el artículo 4, «si la Fiscalía General de Junín, con la resolución N° 59/15 no obstaculiza el control del proceso por parte de los agentes fiscales atento que dispone de los tiempos y la parte técnica para el tratamiento y recopilación de elementos probatorios», a la vez Rosa solicitó también que «una vez efectuado el requerimiento de esta resolución por este Honorable Cuerpo informe sus resultados y si hubiere responsabilidades por parte de los funcionarios judiciales intervinientes».
FUNDAMENTOS
El concejal Andrés Rosa, al fundamentar este proyecto de comunicación, hace referencia al «hecho ocurrido el día 4 de noviembre del corriente año en nuestra localidad en una calle vecinal perpendicular a calle Chile (o continuación), a la altura de 500 metros de la Ruta Nacional 188, durante la madrugada del domingo, aproximadamente a las 3.45. , donde una joven de 16 años había salido del boliche Brook para volver a su casa y tomó un coche de alquiler cuyo conductor, en vez de trasladarla al domicilio, a alta velocidad, la llevó hacia el lugar del hecho donde fue abusada y golpeada salvajemente a pesar de la resistencia con que intentó defenderse».
«La joven -siguió Rosa en su relato- alcanzó a escapar corriendo entre quinientos y seiscientos metros hasta que fue socorrida por una vecina que inmediatamente dio aviso al 911» agregando el edil que «desde los primeros minutos, la víctima indicó a un sospechoso de 26 años apodado “Tato”, quien horas después era aprehendido por personal policial en un boliche, al tiempo que secuestraban su automóvil. Mientras la joven era asistida primero en el Hospital Abraham Piñeyro y luego en Clínica La Pequeña Familia, la Dra. Fernanda Sánchez, titular de la UFIJ 6 comenzaba la investigación, imputando al respectivo bajo el delito contra la integridad sexual –abuso con acceso carnal- en grado de tentativa, en los términos del artículo 119 tercer párrafo y 42 del Código Penal y lesiones leves, artículo 89 del C.P.), todo en concurso real».
«Siendo necesario remarcar que 10 días después se realiza la aprehensión de un taxista, el secuestro del automóvil, el allanamiento en una vivienda en el que se incautaron elementos trascendentes evidencian los avances en la investigación que se inició la madrugada del domingo 4 del corriente cuando encontraron a una adolescente que había sido abusada. –
La necesidad de tratar estos casos con la importancia y la celeridad que merecen», expresó el concejal Rosa.
El edil de Compromiso por Junín consideró que «cuando el primer sospechoso declaró ante la funcionaria asistido por el defensor oficial, Leopoldo Singla, negó haber sido el autor del abuso, desbloqueó el teléfono celular que le habían incautado el día de la aprehensión y brindó el detalle de sus movimientos desde la cena del sábado hasta el momento en el que fue abordado por personal policial, esa misma madrugada de domingo, cerca de las 5 horas».
«Tanto la víctima como el presunto victimario fueron objeto de pericias médicas de las que aún se esperan los resultados. Un dato llamativo entonces daba cuenta que si bien el ataque a la víctima había sido muy violento –producto de un golpe perdió dos piezas dentarias-, el aprehendido no presentaba lesiones», indicó Rosa.
Además mencionó que «personal policial comenzó a sumar elementos tales como imágenes de las cámaras de seguridad tanto del Centro de Monitoreo de la Municipalidad como privadas, teléfonos celulares, rastros levantados en la escena del hecho, testimonios, entre otras medidas. Todo ello con informes de análisis tardíos resultando los mismos diez días después del suceso y de la aprehensión y detención del primer sospechoso quien hoy se encuentra en libertad».
Recordó el concejal Andrés Rosa que «en el año 2015 se creó la Resolución General N° 59/15 por parte de la Fiscalía General donde se crea el Área de Tecnología y Gestión para la Investigación (TGI), teniendo como finalidad el previo análisis de los elementos probatorios y el aval de su produccion por parte de la Fiscalía General, intentando que de este modo se ordenen y optimice la prueba requerida».
Y añadió en tal sentido que «tanto en el marco de esta investigación como de muchas otras el área TGI NO alcanzó sus objetivos, ya que la demora en la producción de la prueba generó daños colaterales a ciudadanos aprehendidos y detenidos, y siendo este área todo lo contrario a la celeridad procesal que se pretendía al momento de crearla».
Sostuvo el edil que «el padre del sospechoso detenido en primer momento y liberado recientemente manifestaba que están las pruebas que confirman su inocencia y no termina de comprender por qué demoraron tanto en tomar la decisión si desde el primer momento contaban con los elementos para analizarlas».
Recordó en este aspecto que «después de varias marchas y sentadas mostrando la foto de un detenido por el caso de una menor abusada y golpeada, nueve días después –tras una lerdísima revisión de cámaras de seguridad- apareció en escena otro sospechoso. Un taxista, al que se detuvo a la vez que se dejaba libre al primer aprehendido».
Para Rosa «parece mentira que con este nivel de improvisación se maneje la Justicia. La fiscal Fernanda Sánchez, a cargo de la causa, actuó bajo el debido proceso pero, ella se encuentra bajo las órdenes del Fiscal General (Mastrorilli), que nucleó en un área (TGI) la responsabilidad de producir y revisar pruebas. Por eso, Sánchez debió resignar nueve días para llegar a ver lo que arrojaban las cámaras y avanzar hacia el taxista, quedando el relacionista público en libertad, aunque seguirá procesado».
«El padre del joven recientemente en libertado comentaba que“ el mismo domingo le llevan a la fiscal las cámaras de los dos boliches que eran las más importantes porque eran las que mostraban todo. Y el mismo domingo ella tenía el celular de Nicolás. Y el mismo domingo tuvo la declaración de las dos chicas que estuvieron con él. Así y todo él queda detenido, es más, no solo contaba con todas esas pruebas y obviamente había que abrir todas las cámaras, pero lo principal es que ella sabía que no había lesiones porque ya lo había visto el médico de Policía y contaba con la prueba de las zapatillas, la prueba pericial de la huella que en el lugar del hecho coincidía la zapatilla de la nena y no coincidía la otra con el calzado de Nicolás. Así y lo detienen y a las cinco o seis de la tarde lo llevan a Pinto”, manifestó Rosa en sus cuestionamientos a la forma en que se llevó adelante la investigación judicial en el caso que conmocionó a la comunidad juninense.
«Teniendo en cuenta todo ello y sabiendo que ya desde el 2012 o antes el Fiscal General da explicaciones de su gestión, manifestando que su tarea consiste en hacer que los fiscales puedan investigar, y considerando que se tarda 10 días en analizar los elemento probatorios (cámaras de seguridad y localización por gps), y que este mismo año (6 años despúes) sigue dando las mismas explicaciones siendo un obstáculo mas que una ayuda para los fiscales en función», expresó Andrés Rosa para quien «tener a una persona privada de la libertad y la demora en producir pruebas que no deberían llevar más que 48 horas es un tema a revisar. La política entendió hace tiempo la cuestión de las demandas sociales y las respuestas que hay que dar, y sin embargo hay un sector de la Justicia que todavía no termina de comprender».
«Siendo el Fiscal General un servidor público, cómo puede ser que termine siendo un obstáculo para la justicia que intenta ser transparente y democrática», se preguntó finalmente el concejal Andrés Rosa en las fundamentaciones de su proyecto de comunicación dirigido al Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales generales bonaerenses.
