Un reciente acuerdo entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Banco Nación despertó el alerta de los trabajadores del Bapro, en el marco del conflicto por la reforma de la Caja Jubilatoria, quienes advierten que se busca «desfinanciar» a esta entidad financiera.
«Se firmó un convenio entre la policía bonaerense, que era un cliente nuestro, y el Banco Nación. Vemos cómo se van yendo los negocios para otro lado», dijo una fuente de una comisión interna del Provincia, quien expresó su preocupación por el posible «desfinanciamiento» de la entidad bancaria.
El acuerdo en cuestión (de octubre del año pasado) fue avalado recientemente con la firma de un decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal. El mismo busca facilitar el acceso de personal civil y policial de Seguridad a créditos hipotecarios.
La preocupación de los trabajadores del Banco Provincia se da en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno bonaerense tras la sanción de la ley 15.008 que reformó la Caja Jubilatoria de la entidad. Por este tema, la Asociación Bancaria realizará un paro de 48 horas el martes y miércoles de la semana que viene para exigir que la Suprema Corte se expida para anular la norma.
La ley en cuestión determina el aumento de 60 a 65 años la edad para jubilarse para los empleados del Provincia, baja la tasa de sustitución (el porcentaje del sueldo activo que debe cobrar un jubilado) del 82% al 70% y cambia la movilidad. Asimismo, plantea que el déficit de la caja de jubilaciones, que alcanza los 5 mil millones de pesos, no sea afrontado por el Estado provincial como ocurre actualmente, sino por el propio Banco. Por esto, el sindicato denuncia un plan de desfinanciamiento de la entidad.
«Es probable que terminemos el año con un balance negativo. Nos preocupa de sobremanera el tema», le explicaron las fuentes de La Bancaria a esta agencia. De cualquier manera, se mostraron conformes con que «la Corte está avanzado con pedidos de documentación». Es que, en los últimos días, el máximo tribunal bonaerense requirió al Ejecutivo y a la Legislatura una serie de medidas de prueba «para mejor proveer en la totalidad de los procesos en los que se cuestiona la validez constitucional dela ley 15.008».
