A través de un comunicado de prensa, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana de Junín manifestó «su profunda preocupación y enfático rechazo a la represión, detención y judicialización de los manifestantes Transportistas Autoconvocados de Granos (TAG), ocurrida el 9 de Febrero en el marco de la protesta reclamando el cumplimiento de la tarifa de referencia establecida por la disposición 171- E/2017 del Ministerio de Transporte de la Nación».
Reclamaron que «cese la detención de los doce transportistas, que en una medida judicial que no reconoce antecedentes ni se justifica por la jurisprudencia, estuvieron incomunicados, mal alimentados y fueron luego trasladados a otras ciudades. Mientras tanto, sus familias se encontraron súbitamente desoladas por esta arbitrariedad que los deja sin el ingreso de su principal sostén de hogar y ante la obligación de afrontar gastos judiciales que los exceden totalmente».
«Destacamos -dicen los concejales de Unidad Ciudadana- que la protesta de los transportistas tiene una inobjetable legitimidad, toda vez que no se trata de un reclamo por aumentos, sino para que el Estado cree organismos de control que garanticen que las empresas cerealeras y grandes empresas de transporte respeten el pago estipulado en la Carta de porte a los transportistas con menor poder de negociación. No se trata más que de hacer cumplir algo legal y que las partes más fuertes de la cadena están incumpliendo unilateralmente».
También sostienen que «consideramos que las prisiones preventivas, las denegatorias de excarcelaciones resultan un castigo excesivo y ejemplificador más que una justa administración de justicia y se inscribe en un proceso que hemos denunciado como de criminalización de la protesta social. Por todo lo dicho conminamos a los funcionarios nacionales a que utilicen el diálogo para resolver este conflicto de modo de alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes. Los derechos constitucionales deben ser respetados para asegurar la convivencia democrática».
