La justicia convirtió la detención en prisión preventiva para los tres efectivos policiales que se encuentran privados de la libertad desde hace poco más de treinta días, imputados de delitos graves teniendo en cuenta, además, que fueron prima facie, cometidos por funcionarios de seguridad.Además, el Juzgado de Garantías interviniente, el N° 1, que subroga el magistrado Marcos Cornaglia, consideró e hizo lugar al pedido de la fiscal, Dra. Pamela Ricci, que considera que los delitos cometidos son los de “Robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, falsificación de documento, falsificación o adulteración ideológica de documentos y amenazas coactivas en concurso real”.
A las últimas novedades de la causa, se suma que los asesores letrados de los imputados, solicitaron a la justicia, la morigeración en la detención, es decir, que puedan trasladarlos de los lugares de detención, a sus respectivos domicilios.Cabe destacar que cada uno de los efectivos policiales cuenta con la asistencia de abogados particulares. Se trata de los Dres. Mauricio Muñoz, Dr. De Ángel y Dr. Riglos.En la actualidad, los detenidos, Mario Orsi, Horacio Buten y Lucas Adrover se encuentran alojados en diferentes dependencias de seguridad, en el territorio bonaerense.
LOS HECHOS
Como fuera oportunamente informado, el martes 29 de agosto pasado, tres oficiales de la policía bonaerense que cumplían funciones en Comisaría Primera, fueron detenidos e imputados en una causa por Amenazas Coactivas, Falsedad ideológica y robo calificado en poblado y en banda.La investigación, dirigida por la titular de la fiscalía 4, Dra. Pamela Ricci también cuenta con la intervención de la Ayudantía Fiscal de General Arenales dado que el hecho investigado, comenzó en ese Partido.La historia comenzó a escribirse el 10 de enero del corriente año y las pesquisas se mantuvieron en reserva, para evitar filtraciones.
EL 10 DE ENERO
El chofer de un coche de alquiler –juninense- es convocado el 10 de enero, para que se traslade a la ciudad de General Arenales, donde le iban a entregar ciertos elementos que debería traer, en principio, a Junín.Lo que ignoraba en ese momento el taxista es que el paquete era producto de un ilícito cometido con la modalidad conocida como cuento del tío.Mientras el conductor del coche de alquiler regresaba a Junín por la Ruta Pcial. 65, en Arenales ya se había dado un alerta al tomar conocimiento del ilícito.Entre las primeras medidas adoptadas, se había implementado un operativo cerrojo. El taxista fue interceptado por personal policial que, con posterioridad se iba a descubrir, no formaban parte de los afectados a la búsqueda.Fueron quienes lo retuvieron, se apoderaron de los bienes, lo amenazaron y obligaron a prestar declaración con argumentos “armados” por los funcionarios.
A medida que la causa iba avanzando e iban surgiendo distintos indicios y pruebas -que no coincidían con la primera declaración- bajo amenaza llegó a cambiarla en cuatro oportunidades.La causa cada vez se enrarecía más hasta que finalmente, la fiscal, el ayudante de fiscalía y una secretaria se presentaron en la parada de taxis para la que trabaja el chofer, lo trasladaron a sede de fiscalía, sospechado de falso testimonio.Esa audiencia se prolongó por cinco horas hasta que finalmente, la víctima de esta historia, se decidió a contar la verdad, previo pedir custodia. Iba a explicar lo que se sospechaba.
Durante meses fue amenazado para evitar que contara e identificara a los policías que se habían apoderado de los bienes que trasladaba en el taxi.Llegaban a pasar por la parada de taxis de manera intimidatoria.La misma fiscalía solicitó una pericia psicológica para con el conductor del coche de alquiler, que arrojó como resultado, entre otros detalles, que estaba atravesando un shock post traumático, que sus dichos eran veraces y vivía un verdadero “tormento”.
También se agregaron a la investigación de fiscalía, escuchas telefónicas de los tres funcionarios sospechados de ser los autores de los ilícitos.Finalmente, a las 6 de la mañana del miércoles, se trasladaron funcionarios judiciales y de Policía Federal, a sede de Comisaría Primera.Tres fueron los uniformados detenidos y esa misma tarde, en el edificio San José, cumplieron con lo establecido por el artículo 308.Se negaron a declarar, asistidos cada uno de ellos por un abogado particular.
Acto seguido fueron trasladados y quedaron alojados en una dependencia específica -30 de Agosto-, a la que habitualmente son derivados policías y funcionarios judiciales infieles.Con el correr de las semanas, uno de los imputados fue trasladado a otra dependencia, donde permanece alojado en la actualidad.
