Por Olga Prieto concejala de Unidad Ciudadana
Los debates por la legalización del aborto que interpelan hoy a miles de argentinas y argentinos expresan un cambio cultural y de época impensado hace unos años. En las últimas décadas -particularmente a partir de 2015- el movimiento de mujeres, acompañado por colectivos LGTB, con masivas movilizaciones ha logrado colocar en la agenda pública la ampliación del derecho al aborto por decisión de la mujer o persona gestante.
¿Acaso era previsible que cientos de miles de jóvenes portaran orgullosas pañuelos verdes, símbolo de la campaña del aborto legal? ¿que estas lucha de poder, llegaran a escuelas, sindicatos, instituciones, familias?¿que todos los sectores políticos se vieran obligados a tomar el debate en sus agendas?
Más allá de los resultados de la sesión del 8 de agosto en el Senado de la Nación, nada será igual después de este debate.
Cientos de miles de jóvenes han salido a desafiar el mandato de la maternidad como proyecto obligado de vida. A exigir autonomía para decidir sobre el propio cuerpo sin avergonzarse. A decidir estudiar, trabajar, ser madres o no serlo sin tutelas. A gritar basta de hipocresías: el aborto es una realidad concreta en argentina que las mujeres resuelven en condiciones sanitarias seguras o inseguras, siempre clandestinamente.
La brecha de género es un reclamo sin saldar en Argentina. El Estado reconoce los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, a decidir el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Pero no los garantiza.
En 1985 el Estado Argentino declaró los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos al adherir a la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. En 1994 los incorporó a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22.
En 2002 se sancionó la ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable con el objeto de garantizar derechos sexuales y reproductivos a toda la población y disminuir las desigualdades que afectan la salud sexual y la salud reproductiva desde una perspectiva de derechos y de género.
En 2008 se sancionó la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que refiere a incurrir en violencia contra la libertad reproductiva a quien vulnera el derecho a decidir responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.
Esta semana, hasta el 8 de agosto, Argentina se pintará de verde para que Senadoras y Senadores, si no lo han hecho, registren este cambio de época. La conciencia, la decisión, el grito estarán en la calle.
¡Qué el aborto sea Ley!
