El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha presentado una actualización del Impuesto Inmobiliario del 50 por ciento, que se aplicaría a partir del 2018. Vale recordar que hubo un aumento del 30% el año pasado.
Todo recurso que se lleva el estado lo quita a las comunidades del interior. Esto es: menos inversión, crecimiento y desarrollo. Llámese viajes de camión, consumo de fertilizantes, semillas, etc., que impacta en forma directa en la actividad comercial.
El diputado provincial de la Coalición Cívica dentro del bloque Cambiemos, Guillermo Castello, planteó fuertes diferencias en la reforma impositiva, uno de los proyectos que acompañan el presupuesto de la Provincia.
En concreto, Castello plantea eliminar tres impuestos que ya vienen siendo cuestionados pero que el oficialismo decidió mantener inalterables dentro de la reforma impositiva.
Uno de ellos es la Transmisión Gratuita de Bienes, esto es el clásico impuesto a la herencia, por el que se recaudan unos 430 millones anuales. Ese impuesto fue creado por Daniel Scioli y grava la transmisión gratuita de bienes a partir de los 50.001 pesos.
Otro impuesto que el diputado de Cambiemos propone eliminar es el impuesto inmobiliario complementario. El mismo también fue creado por Scioli en 2012 y alcanza a los propietarios de más de un inmueble del mismo tipo radicados en el territorio provincial. Situación que fue agravada por esta gestión, con la reglamentación de ARBA que también hoy se extiende a los condóminos, llegando en algunos casos a un aumento del 400% en el año 2016.-
Esa carga fiscal impacta a unos 90 mil contribuyentes que en conjunto poseen 450 mil partidas, que le representará a la Provincia alrededor de 900 millones de pesos.
Esta entidad apoya el proyecto del diputado Castello a los fines de eliminar fundamentalmente el impuesto inmobiliario complementario rural que hace las veces de impuesto a los bienes personales provincial, desvirtuando el objeto de dicho impuesto.
Si bien el campo acompaña y apoya esta gestión, no vemos reflejada la baja de la presión impositiva y ni hablar de la resignación de la prometida baja de retenciones a la soja, oportunamente pospuesta por el Gobierno Nacional.
