Sigue siendo crítica la situación de peritos que forman parte del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires y aún sin respuestas por parte de la Corte, la emergencia pericial está vigente.
Si bien se ha avanzado en el reclamo, sostienen desde la Comisión provincial de peritos, que no hay acuerdo entre los ministros y está faltando una firma para que les den el bloqueo parcial que reclaman.
Mientras tanto, siguen dando a conocer a la comunidad, la problemática que los afecta e insistiendo ante los integrantes de la Corte de la provincia de Buenos Aires que es, en definitiva, la que debe darles una solución.
EL RECLAMO
Las licenciadas Erica Velásquez Burgos, Andrea Homene y Susana Cuadro, integrantes de la Comisión Provincial de peritos de la Asociación Judicial Bonaerense, son quienes explican que “Una de las áreas en las que los profesionales de la psicología, trabajo social y medicina, (a los que se suman arquitectos, informáticos, fotógrafos, criminalistas, etc.) nos desempeñamos, es la del trabajo pericial en el Poder Judicial”.
Quienes no forman parte de los equipos periciales, “fantasean con grandes salarios y comodidades que lejos están de ajustarse a la realidad de nuestra tarea”.
La realidad es que “los peritos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, hemos declarado desde hace un año el estado de Emergencia”. Hay que remarcar que “para ingresar a desempeñar tareas en el Poder Judicial, es requisito contar con al menos cinco años de matriculados” y “los salarios al ingreso, se encuentran apenas por encima de la canasta básica. A diferencia de lo que ocurre con los profesionales de la abogacía, no se nos reconoce salarialmente las limitaciones que sí se nos exige en el desempeño de la actividad privada, el llamado “bloqueo de título”.
CONDICIONES DE TRABAJO
Al hacer referencia a las condiciones de trabajo que consideran “altamente exigente”, suman el cumulo de trabajo en una sociedad cada vez más compleja. “Los procesos por violencia familiar y de género, las violencias sexuales contra las niñeces, las vulneraciones de derechos en las infancias, las problemáticas de consumo y de los jóvenes y adultos con conductas disvaliosas, los abordajes sobre las capacidades jurídicas, las evaluaciones sobre escenas delictivas, las autopsias, los ciberdelitos, entre otros, requieren la intervención de los peritos, quienes somos los encargados de elaborar los informes, evaluando los riesgos existentes, a fin de aportar a los magistrados los elementos necesarios para dictar sus sentencias” .
Aun cuando, en muchos casos, estos informes tienen un carácter “no vinculante, aclaran que “resultan fundamentales, ya que aportan la única mirada no jurídica en los procesos judiciales y dan cuenta de la subjetividad de las personas”. El mencionado aumento de la litigiosidad que viene ocurriendo desde hace años “no se ha visto acompañado por la ampliación de los equipos periciales, lo que va en detrimento del servicio de justicia para las víctimas, para aquellos que se encuentran privados de su libertad y para la población que requiere de la intervención”.
Es más, “mientras los colegas que trabajan en los sistemas públicos de salud gozan del merecido reconocimiento por el trabajo de riesgo, quienes día a día nos enfrentamos al dolor de las víctimas y a la problemática recurrente de las pésimas condiciones de detención en el cumplimiento de la pena de los victimarios, debemos transitar nuestro recorrido sin mayor acompañamiento que la de los propios compañeros”.
Las políticas públicas post pandemia, “no han logrado dar una respuesta acabada a la crisis social, institucional, económica y de salud mental que se ha agudizado. Asimismo, ha aumentado la violencia social en general, tornando sumamente riesgosa la intervención en territorio de los profesionales”.
Otro aspecto a señalar, es que los peritos “somos quienes debemos expedirnos respecto a los beneficios que podrían otorgarse a los condenados por delitos graves. Libertades condicionales, arrestos domiciliarios u otras medidas alternativas, exigen al perito que recomiende o desaconseje tales instancias en el marco de lo que se llama la ejecución penal, siendo a menudo responsabilizados por los medios de comunicación y la opinión pública frente a las conductas reincidentes de los que pudieron ser puestos en libertad por los magistrados intervinientes”.
Frente a lo señalado, consideran que “os peritos “somos “el hilo más delgado del poder judicial” y los primeros en ser señalados frente a los fracasos o fallas de un sistema que en sí mismo resulta deficitario.
“Cenicientas de la Justicia, las y los peritos, no nos resignamos a seguir esperando la llegada del príncipe que nos rescate de nuestros padeceres. Porque los justiciables, aquellos que acuden a la justicia en busca de respuestas y de un poco de paz en sus vidas, no tienen por qué pagar con su espera y su dolor las deficiencias de una institución que ni siquiera puede cuidar a quienes la sostienen”, concluyen las licenciadas.
