Entre un tercio y la mitad del importe de las facturas de luz, gas y agua que paga un usuario de Buenos Aires «se va» en el pago de impuestos que cobran los gobiernos nacional, provincial y municipal.
En medio del malestar ocasionado por los últimos aumentos en los servicios públicos bonaerenses, un análisis del «peso» del Estado en las tarifas muestra que casi la mitad del valor de las boletas corresponden a impuestos y tasas locales. Si bien muchos de estos gravámenes son esenciales para la actividad, en ocasiones imputan servicios que no se corresponden con la prestación, o directamente se destinan a gastos generales, por no existir ya la finalidad para la que fueron creados.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la carga tributaria representa el 37% del valor de las tarifas. En Buenos Aires, ese número varía según los municipios, que en ocasiones introducen cargos fijos, de modo que no fluctúan con el consumo.
Con todo, en el caso de las boletas de luz el peso impositivo varía entre un 35 y un 55%, según un relevamiento realizado por DIB entre una decena de prestadores, incluyendo a empresas concesionarias y cooperativas. En las facturas de Camuzzi Gas Pampeana y Aguas Bonaerenses (ABSA) el porcentaje se sitúa en el 33%, aunque también varía de acuerdo a las tasas locales.
Esto significa que, en líneas generales, por cada 100 pesos de consumo neto de cualquiera de los tres servicios públicos, un usuario bonaerense desembolsa entre $50 y $75 en impuestos.
Destinos inciertos
En este panorama, el impuesto de mayor peso es, en los tres servicios, el del IVA, que imputa el 21% del consumo neto, destinado a las arcas nacionales.
El caso más complejo es el de las tarifas eléctricas, donde el peso impositivo es mayor y existen contribuciones «cruzadas» y tasas que no se corresponden con la actividad.
El Gobierno bonaerense grava el consumo en un 30%, aunque 6 puntos son para los municipios. En este caso, la polémica reside en los fondos a los que se destinan.
Dos de los tributos ya fueron suspendidos por la Justicia, pero la Suprema Corte terminó por reponerlos. Se trata de los impuestos creados por las leyes 7.290/67 y 9.038/78. La primera grava el consumo eléctrico en un 10% para conformar el «Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires», que tuvo razón de ser mientras la prestación del servicio estaba en manos del Estado. Actualmente son las empresas concesionarias las obligadas a realizar este tipo de inversiones, por lo que el dinero resultante se destina a Rentas Generales.
En tanto, el decreto-ley 9038 dispone el cobro del 5,5% del total consumido para el financiamiento de la central Luis Piedrabuena, que fue inaugurada en 1988, hace ya 30 años. Según cálculos de especialistas, estos dos gravámenes, cuyo costo individual es de unos $78 por cada $500 de consumo neto de energía, generan una recaudación que supera los $1.000 millones.
En tanto, la Ley 11.969 crea otros dos tributos: uno del 0,6%; y otro del 6%, destinado a los municipios en función del uso del espacio para el tendido eléctrico. Finalmente, la Ley 11.769 establece una carga de hasta el 8% para la creación de un fondo de compensaciones para auxiliar a usuarios de zonas en donde los costos de transporte sean mayores.
Tasas municipales
En el último eslabón es donde más varían las boletas de luz: cada comuna posee un régimen diferente, y utiliza las facturas como un «reaseguro» para cobrar servicios locales.
En Tandil, por caso, las tasas municipales representan un 13,6%: dos de ellas son destinadas al alumbrado público y a inversiones realizadas por la cooperativa local, pero la tercera (del 3,5%) es usada para la cobertura de prácticas de alta complejidad en el hospital local. Luján, por su parte, incluye gravámenes por 17%: 2% para los bomberos voluntarios, y tres tasas del 5% cada una destinadas a fondos de infraestructura, acción social y seguridad. Chivilcoy, por su parte, implementa tres tasas fijas para seguridad ($44), educación ($40) y transporte público ($39).
El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas, Omar Malondra, indicó que «en muchos municipios la comunidad termina pagando aquellos aspectos en los que el Estado se fue corriendo durante muchísimos años». El dirigente, titular de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de 9 de Julio, graficó cómo los aumentos tarifarios derivaron a su vez en una suba considerable de la recaudación estatal: «En enero de 2016 cobrábamos $1,1 millones en impuestos, y actualmente, en marzo de 2018, más de $6,8 millones», señaló.
Otros servicios
En tanto, como se dijo, el agua y el gas reciben gravámenes por el 33%. La boleta del gas, servicio que brinda Camuzzi Gas Pampeana, además del IVA paga un 9% de imposición provincial. En el caso de La Plata, además, se cobra un tributo del 15%. En ABSA, finalmente, además del IVA se cobra una tasa de fiscalización de la Ocaba (organismo de control actualmente suprimido) del 4%.
