Las víctimas de violencia de género en la Provincia tendrán disponible, a partir de mañana, un sistema electrónico para prevenir la reiteración de las agresiones que ocurren cuando se violan las restricciones de acercamiento que dicta la Justicia y que casi nunca se cumplen, por falta de controles.
El dispositivo consiste en un juego de pulseras electrónicas, una de las cuáles la tendrá colocada el agresor y la otra, su víctima, de modo que cuando se quiebre o se esté por quebrar la distancia mínima a la que pueden estar uno del otro, se activará una alarma en un centro de monitoreo ubicado en La Plata.
De esa manera, los operadores, que verán las ubicaciones en tiempo real en una pantalla, podrán hacer dos cosas: primero, llamar a la víctima para informarle de la violación de perímetro de seguridad y guiarla en una ruta de escape segura. Al mismo tiempo, llamarán al agresor para advertirle que no debe avanzar.
Mientas tanto, darán aviso al 911 para que envíen un auxilio policial. El sistema también genera una aleta para el caso de que el agresor se quite la pulsera y el protocolo también contempla en ese caso una custodia especial para la víctima, hasta tanto es sistema pueda ser restablecido.
Según explicaron fuentes del gobierno, el nuevo sistema será operado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) porque se trata, en términos técnicos, de un desarrollo hecho sobre la base del método que se aplica para realizar controles de personas con prisión domiciliaria.
Pero para poder adaptarlo, se construyó un nuevo centro de monitoreo que funcionará en La Plata y que, además de los casos de violencia de género –que deben ser habilitados por un juez- seguirá ocupándose de controlar las prisiones domiciliarias, pero con una operatividad mejorada, para seguir con más precisión, por ejemplos, a los presos con domiciliaria que salen a trabajar.
Como parte de esas nuevas posibilidades, habrá un monitoreo satelital de los traslados de presos para evitar fugas. También permitirá el funcionamiento de terminales que para realizar videoconferencias entre las cárceles y los juzgados, lo que directamente evita el traslado.
“No solo se gana en seguridad, se reducen costos”, explicó a esta agencia una fuente del SPB, que contó que “muchas veces hay que trasladar a un detenido cientos de quilómetros porque lo requiere un juez. Se dispone un móvil o dos por un par de días y cuando llega se niega a declarar”. Con la videoconferencia –que es posible en la medida en que la Suprema Corte avance, como lo viene haciendo, mejore la conectividad de los juzgados, “el trámite es mucho más sencillo”.
