La Provincia busca avanzar con dos medidas contra los seis gremios docentes que protagonizan los paros: el lunes les llegará una notificación con la demanda para quitarles la personería gremial y, en 15 días, se les impondrá una multa de más de $300 millones por realizar una huelga a pesar de que se había dictado la conciliación obligatoria.
Según les anticipó a sus asesores la gobernadora, María Eugenia Vidal mientras evalúa si participará en la nueva convocatoria, el conflicto docente será largo y podría durar meses.
En dos semanas, el Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Marcelo Villegas terminará los estudios técnicos para determinar con exactitud cuántos docentes adhirieron a las medidas.
A partir de allí se calcula el monto de las multas en función del salario mínimo, vital y móvil: entre el 50% y el 2.000% de un sueldo mínimo por cada trabajador que haya adherido a la medida de fuerza, esté afiliado o no.
En este marco, los sindicatos deberían abonar la millonaria cifra de acuerdo con los porcentajes de representación que tienen en la paritaria.
Por caso, Suteba, cuya cara visible es Roberto Baradel, tiene un 46% del padrón. La Gobernación buscará aplicar una multa de, al menos, $138 millones sólo para ese gremio.
También avanza, a nivel nacional, la demanda paralela que la Provincia inició ante el Ministerio de Trabajo nacional para quitarles la personería gremial.
Este lunes llegarán a las sedes gremiales las notificaciones para que realicen su descargo.
Diez días atrás se presentaron seis demandas, una por cada gremio. En el texto, se explica que “las medidas afectaron el inicio del ciclo lectivo encontrándose comprometida la paz social por la vulneración del derecho a la educación”.
Además, se plantea que el paro lesiona “el derecho de los niños” y cita la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica.
En otro tramo, se explica que “la medida fue abusiva del derecho e ilícita, violentando la paz social, lo que justifica plenamente la presente petición de suspensión de la personería gremial”.
Vidal asegura también en su circulo de asesores que buscará ir a un “acuerdo educativo” que implique más que el salario. En principio también implicaría un debate sobre el presentismo: la funcionaria insiste con que el 17% de ausentismo, que representa unos $14.300 millones en suplencias para la Provincia, “es inaceptable”. En el sector privado es del 5%.
Otros puntos del acuerdo educativo: analizar los resultados de las pruebas Aprender, la capacitación docente y las reformas pedagógicas en las que viene trabajando Guillermina Tiramonti, una especialista en el tema que colabora con la gobernadora.
“Tienen que darse cuenta que no sirve hacer paros todo el tiempo. Si firmaron 14 paritarias y conmigo una, pero siguen hablando de docentes debajo de la línea de pobreza, tienen que hacer una autocrítica”, desliza Vidal a sus ministros.
La gobernadora afirma que para darles el 35% de aumento que piden debe, sí o sí, cortar obras públicas. “El 40% son hidráulicas, pero también hay cloacas, agua potable y rutas. Y son todas importantes, no es que estamos haciendo el Museo del Mar o el Estadio Unico como hizo (Daniel) Scioli”, se la escuchó decir a la gobernadora esta semana.
El Presupuesto bonaerense es limitado. De cada $100, 50 van a salarios, 20 a jubilaciones y pensiones, 20 de manera directa a municipios vía coparticipación y sólo el 10% restante es para medicamentos, comida y obras públicas.
“Aunque corte todo el presupuesto de obras y les dé todo lo que piden y cerremos el tema, el chico vuelve a la escuela y tiene cuatro maestras por año, no se le enseña a leer o matemáticas, y se pierde la mitad de los alumnos hasta recibirse”, confía Vidal.
Con Baradel se cruzó apenas en un par de oportunidades desde que es gobernadora. Una de ellas fue el año pasado, a pocos meses de comenzado su gobierno. Pero la negociación de 2016 la encararon los ministros, aunque, Vidal estuvo detrás de cada propuesta, según Perfil.