El gobierno de María Eugenia Vidal titularizó a unos 26 mil docentes que trabajaban como interinos o provisorios desde hace más de una década, al tiempo que explora un nuevo formato de negociación salarial, que asegure la fecha del inicio de clases, previsto para el próximo 5 de marzo.
La titularización de los docentes, confirmada por la dirección general de Cultura y Educación, se da horas después de que Vidal con firme el inicio del proceso para pasar a planta permanente a unos 15 mil empleados del Estado provincial, que avanzará la semana próxima con la publicación de varios decretos, ya firmados por Vidal.
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró que hay en el gobierno una “decisión política” de regularizar “la situación de esas familias que se encuentran en planta transitoria”. Añadió que los empleados “a los que se les negó el estatuto de empleado estatal van a tener la plenitud de su derecho como corresponde”.
Su par de Educación, Gabriel Sánchez Zinny destacó por su parte que con la titularización masiva de docentes «se pretende reconocer el derecho al docente a ejercer como titular del cargo que, en numerosos casos, venía desempeñando en los hechos”. Indicó que en algunos casos «el pedido se remontaba desde el 2003 y 2004, es decir que hacía más de diez años que habían tomado posesión del cargo y no habían sido nombrados».
¿Nuevo formato?
Esos movimientos se dan en el inicio del proceso de paritarias, que por ahora está centrado en las conversaciones formales en las dos comisiones técnicas no salariales que ya comenzaron a funcionar, y a las que se sumarán la comisión salarial, a la que el gobierno convocará en los próximos días.
Pero mientras tanto, en diálogos informales con la dirigencia gremial, el gobierno explora nuevos formatos para avanzar con un acuerdo salarial. En principio, el Ejecutivo prevé abonar un nuevo incremento de sueldos en diciembre, en cumplimiento de la “cláusula gatillo” que ata el nivel de los salarios a la evolución de la inflación.
Como las subas de este año fueron acordadas en un 21,5 por ciento y la inflación, medida por el Indec, se estima que llagará al 23 y 24 por ciento, el Ejecutivo descuenta que deberá abonar la diferencia, lo que ocurrirá a fin de año. Se trata de la consolidación de un mecanismo, la “cláusula gatillo” que los gremios ya no rechazan.
Pero para ese momento, el gobierno espera tener abierta la paritaria general salarial. Allí, intentará introducir un acuerdo que posponga la “cuestión de fondo”, es decir el porcentaje de aumento, para febrero, pero que a la vez asegure el inicio de las clases el 5 de marzo, aunque el acuerdo no haya sido alcanzado.
Aunque es difícil que los gremios acepten, la cuestión ya comenzó a ser conversada de modo informal con el Ejecutivo. Las organizaciones principales vienen planteando en esos diálogos la necesidad de avanzar con el pase al sueldo básico de sumas que hoy no lo integran, una medida que el gobierno resiste debido a su costo: cada 100 pesos que se incorporan, el costo fiscal es de aproximadamente $1.800 millones.
El gobierno también explora la posibilidad de “estirar” el acuerdo a más de un año y de reducir la cantidad de “cuotas” en las que se paga, cuatro para este año.
En equipo de Vidal viene planteando una propuesta similar a UPCN, Soeme, Salud Pública, AERI y APOC, los gremios que el año pasado se transformaron en los primeros en aceptar la cláusula gatillo y el aumento en cuatro tramos. Con ellos ya comenzaron, además, a discutir porcentajes de aumento, que el gobierno busca que no supere el 12 por ciento, un número que a las organizaciones de los trabajadores les parece insuficiente.
