El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, reveló hoy que este año ya se realizaron más de 1.500 amenazas de bomba en escuelas, al tiempo que señaló que por esos hechos hay siete adultos imputados y casi 100 menores identificados.
“Tenemos siete casos de imputados mayores, 46 menores imputables (mayores de 16 y menores de 18), 52 inimputables y un mayor con problemas psiquiátricos, también inimputable”, dijo Conte Grand en declaraciones a la señal de noticias TN.
Conte Grand reconoció que las amenazas pudieron haber sido causadas por “otras circunstancias” diferentes a motivaciones políticas, pero afirmó que “hay claramente una aprovechamiento ulterior”.
El procurador sostuvo que la investigación “avanza además en la instigación o la coparticipación de adultos en el delito, en la medida que identificamos que se les otorgaban a los menores los elementos necesarios para cometerlo”, acotó.
“En principio, muchos de los menores inimputables, según lo que nos dicen nuestros fiscales, son chicos que habrían actuado para evitar un examen o por hacer una broma, pero no estoy seguro que esto haya sido así en todos los casos”, aseguró el funcionario bonaerense.
También informó que está determinada “la existencia de siete teléfonos que concurren respecto de una red de teléfonos que han provocado estas amenazas. Pero no es una cantidad significativa respecto del total de los 1.505 casos”.
Además, aseguró que cada amenaza tiene “un costo directo de entre 30 y 50 mil pesos, a lo que habría que sumar el costo para el poder judicial. También hay gastos improductivos que implican la afectación de recursos que pueden llevar a unos 100.000 pesos”.
Finalmente, opinó que si las amenazas de bomba se generalizan “habría que evaluar una reforma del código penal para la tipificación de estos casos, actualmente identificados como delitos de intimidación pública”
