Se cumple el primer aniversario del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonadoen el río Chubut, 300 metros aguas arriba de donde había sido visto por última vez el 1 de agosto en medio una represión de la Gendarmería. Hoy aún no se sabe con precisión qué sucedió con Santiago durante el desalojo de la protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen ni porque su cuerpo sin vida apareció 78 días más tarde.
Federico Efrón, coordinador del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, contó a minutouno.com en qué instancia está la investigación.
¿Cuándo y dónde murió Santiago?
En noviembre de 2017, a un mes de encontrar el cuerpo, el informe de la autopsia estableció que el artesano murió ahogado, en un cuadro médico «ayudado por hipotermia» y sin signos de violencia. Sin embargo, no se pudo determinar la data de muerte y por lo tanto tampoco el sitio preciso.
Las pericias del DNI
Desde el CELS aguardan el resultado de las pericias que realizó el INTI para determinar la perdurabilidad en el agua del DNI de Santiago. Por su parte, la abogada de la familia, Verónica Heredia, dijo que impugnaron el estudio porque aún no se conocen las condiciones a las que estuvo sometido el cuerpo de Santiago «por lo que tampoco su documento de identidad». Además, insistió con la necesidad de «convocar un equipo de expertos independientes para poder llegar a la verdad y obtener justicia».
La declaración de un testigo clave
Se incorporó a la causa la declaración testimonial de Nicasio Luna, un músico chileno que estuvo en la comunidad mapuche junto a Santiago el día que desapareció. Luna declaró ante la fiscalía de Aysén, en Chile, y su testimonio ya está adjuntado a la causa. Según Efrón, confirmó que estuvo ahí con Santiago y que hubo un «ingreso ilegal de la Gendarmería, violento, con disparos y piedras, que corrieron hacia el río. No vio puntualmente lo que paso con Maldonado pero recordó que los que estaban allí en ese momento dijeron que se lo habían llevado.»
Las querellas coinciden en que es imprescindible que declaren en la causa los mapuches que aún no lo hicieron. Muchos de ellos aseguraron en varias oportunidades que no lo hacen por miedo. Según explicó el abogado, quienes dieron su testimonio están siendo acusados en otras causas penales por el juez Otranto, quien antes llevaba la causa de Santiago. «Mientras que el Estado y las autoridades judiciales no brinden las condiciones para que los testigos que no declararon vayan a declarar va a ser difícil avanzar con mayor claridad en la causa», recalcó.
El rol de la Gendarmería
Si bien en el expediante hay pruebas sobre la responsabilidad de la Gendarmería, hay un sólo agente que se autoimputó: el subalférez Emmanuel Echazú, quien no sólo no fue apartado de sus funciones sino que fue ascendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La familia pidió la incorporación de un perito criminalista para investigar el rol de la Gendarmería en la represión sin orden judicial que terminó con la desaparición y la muerte de Santiago. El juez Lleral lo rechazó.
El expediente principal sigue caratulado como «desaparición forzada». El CELS aseguró que ésta se constituye por dos elementos: una persona no aparece y la autoridad a cargo del operativo en el que desaparece esa persona oculta información.
«Para nosotros está claro que el operativo de la Gendarmería fue sumamente irregular, violento y que tuvo como consecuencia la muerte de Santiago. Después qué pasó en el río es algo que todavía el proceso judicial tiene que determinar, pero hay responsabilidad del Estado», aseguran desde la organización.
Las fotos y videos muestran que la Gendarmería entró, que el joven tatuador estaba más adelante y que se estaba escapando.
«La fuerza en un primer momento negó haber llegado al río, después lo admitió. Necesitamos saber por qué lo ocultaron», dijo Efrón.
Recusación de la fiscal
La recusación de la fiscal Silvina Ávila está en manos de la Corte de la Suprema. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, aseguró que rechazaron en todas las instancias su pedido de recusación.
«Todas las instancias se hacen eternas. Mientras tanto pasa el tiempo y se van borrando las pruebas. Todo lo que presentás no tiene sentido porque lo rechazan»,aseguró.
La solicitud de corrimiento de la fiscal se debe a que «incurrió en parcialidad» al solicitar escuchas telefónicas de las conversaciones de Sergio Maldonado y otros testigos y la utilizó en una causa conexa. Para el CELS está decisión judicial es fundamental porque «es importante que se diga que es ilegal investigar a la victima».
A su vez, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debe resolver si da lugar a la decisión del juez Lleral de declarar nulas las decisiones del anterior magistrado de la causa, Guido Otranto, de intervenir las líneas telefónicas de algunos testigos mapuches y de Sergio Maldonado.
