Cuando las autoridades de Santiago del Estero intervinieron, la chica ya cursaba la semana 24 de gestación. «Todavía no hemos podido cambiar la cabeza de los profesionales», se lamentó la especialista Nora Schulman.
Una nena de 12 años, de La Banda, en Santiago del Estero, fue violada y quedó embarazada y los médicos que la atendieron demoraron el aviso a las autoridades para evitar que le practicaran la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como está estipulado por el Código Civil de nuestro país.
A comienzos de abril, la nena y su mamá se acercaron a la Unidad de Atención Temprana (UPA) N° 3, Villa Griselda, donde la revisó un médico y la mandó a hacer una ecografía. El 6 de ese mes, el estudio mostró que tenía una gestación de 20 semanas.
Al enterarse, fueron nuevamente al UPA para buscar el apoyo de los médicos y, no solo no les brindaron la consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos, correspondiente por protocolo; sino que tampoco dieron aviso de lo sucedido a las autoridades sanitarias de la provincia hasta un mes después, el 7 de mayo.
La coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, tardó en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo y cambió las fechas: dijo que a principios de abril la menor estaba de 26 semanas cuando en realidad cursaba la semana 20, detalló la periodista Mariana Carbajal.
Según la ley de nuestro país todo embarazo en una menor de 13 años es considerado violencia sexual y debe ser denunciado. Sin embargo tampoco se realizó la denuncia a la Comisaría del Menor, hasta 20 días después de confirmarse el embarazo.
Cuando las autoridades intervinieron, la nena ya cursaba la semana 24 de gestación y consideraron que era riesgoso interrumpirla.
Pese a sus 12 años, esta nena trabaja como cartonera junto a su mamá, viven en una pieza con la pareja de la mujer y dos hermanitos de 8 y 6 años. Al igual que tantos otros barrios vulnerables, no tienen agua potable.
Nora Schulman directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), habló sobre este caso y se lamentó: «Todavía no hemos podido cambiar es la cabeza de los médicos».
Schulman explicó que en varias provincias, sobre todo las del norte argentino que tienen una alta influencia de la Iglesia Católica, «es la gente la que presiona para que no se cumpla con las leyes».
El artículo 29 del Código Civil prevé que justamente en un caso de violación a un menor de 13 años se le debe practicar la ILE. Sin embargo, Schulman asegura que «se modificó la ley pero no se cambió culturalmente».
Este caso hace recordar al de la nena de 11 años violada en Tucumán que tuvo que dar a luz y que desencadenó una campaña en todo el país en rechazo por la vulneración de los derechos, bajo el lema «Niñas, no madres». Los médicos responsables de no brindarle asistencia temprana hoy tienen una causa penal en su contra.
«Se actualizaron las leyes, pero en la práctica no sirve para nada. No está aplicada por gente idónea, que no se deje llevar más que por su sentido de la ética y por el ejercicio de la medicina que es salvar vida pero no fetos, sino la vida de esta niña de 12 años», remarcó la referente en derechos del niño.
«Hay que cambiar la cabeza de la gente que presiona para que no se cumplan las leyes y protocolos», aseguró Schulman.
La directora de CASACIDN pidió «considerar estos casos como un elemento prioritario» ya que detrás de ellos está la vida de una nena, que debería estar jugando y quieren obligarla a parir.
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