En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, Alberto Fernández anunció que en el plazo de diez días enviaría un proyecto de ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE) “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”. Sin embargo, el tres de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en la Argentina y cuatro días después, el siete, ocurrió la primera muerte. El resto es historia conocida: el 20 de marzo comenzó la cuarentena obligatoria y, más de 90 días después, el aislamiento, aunque con flexibilizaciones, permanece.
La llegada del COVID-19 cambió todos los planes del Gobierno y sin dudas el debate por el aborto legal es uno de los principales temas relegados. Así lo explicó el propio Presidente en diálogo con periodistas de Radio Nacional: “Yo no he abdicado en mandar la ley de aborto, en absoluto, simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos”. A poco más de dos años de su histórica aprobación en la Cámara de Diputados -luego sería rechazado por el Senado- hay quienes creen que, sin pandemia, a esta altura del 2020 ya habría ley o, al menos, estaría en su recta final.
Sin embargo, en el Poder Ejecutivo no dan por descartado que se pueda dar la discusión este año. Desde el entorno de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica encargada de la redacción de la norma, confirmaron que la intención es enviar el proyecto al Congreso, pero que no sería hasta septiembre. Esto es porque consideran que ahora no están dadas las condiciones técnicas (sesiones remotas), sociales ni políticas para abordar un tema de tanta complejidad. Además, no quieren fallar con el timing: impulsar la discusión de una ley tan vinculada a la salud en el pico de una pandemia no sería lo más estratégico.
“Hay que saber manejar bien los tiempos para que se pueda dar un debate profundo, honesto y sincero”, resumieron desde la cartera de Vilma Ibarra.
Si bien hoy no es prioridad, existe cierta premura en el Frente de Todos para que la IVE se debate este año. Los motivos son dos. Primero, que el 2021 es electoral y no solo la actividad parlamentaria disminuye notablemente sino que son unos comicios clave para el oficialismo, que deberá revalidar la victoria de 2019 y buscar hacerse fuerte en ambas Cámaras. Y el segundo, que Alberto Fernández ya mostró un compromiso muy firme con la iniciativa por lo que no lograrlo o posponerlo sería una decepción para buena parte de la sociedad en general y de su electorado en particular.
A su favor, tanto desde la Casa Rosada como todos los bloques en Diputados y el Senado y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito coinciden en que cuando se debata será una discusión corta que se podría llevar a cabo en un mes o un mes y medio. Las exposiciones informativas se dieron en 2018. Por eso, en Balcarce 50 saben que hay margen para tratarlo entre septiembre y el 30 de noviembre o, en su defecto, dejarlo para sesiones extraordinarias. Pero bajo ninguna circunstancia quieren -al menos por ahora- considerar no enviar el proyecto.
