El gobierno nacional está casi convencido de que no impondrá por decreto el bono salarial extraordinario de $5 mil que lanzó como herramienta de contención contra los efectos de la devaluación post PASO, pero a cambio presiona para que se pague, por única vez, con los sueldos de septiembre, en octubre. Sin embargo, ya hay sectores que confirman que no lo harán.
Fuentes del Ministerio de Producción y Trabajo indicaron desde el viernes el titular de esa cartera, Dante Sica, se reúne con representantes de diversas ramas del sector privado, para tantear la disposición que existe para avanzar con la medida, que ya fue otorgada a los empleados estatales nacionales y a los bonaerense, aunque en este último caso fue por $3 mil y en dos cuotas.
El viernes, Sica estuvo, en su despacho, con el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri. También asistieron representantes de la Cámara Argentina de Comercio, de la la Mediana Empresa y de la Unión de Entidades Comerciales.
Fue allí que el ministro planteó que el Gobierno se inclina por un formato no remunerativo y que la intención oficial es que los trabajadores perciban el bono durante octubre. A su vez, fuentes empresarias aseguraron que Sica se mostró reacio a sacarlo por decreto debido a que no todos los sectores pueden pagarlo, por lo que finalmente sería negociable por cada sector.
El planteo coincide con el del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que pidió que cada sector dialogue y encuentre la mejor solución.
Mientas, las cámaras prestadoras de salud privada aseguraron que afrontan una «gravísima» situación por lo que anticiparon al Gobierno que no podrán dar el bono.
Las cámaras prestadoras de salud privada anticipan que no darán el bono de $5.000
Las cámaras prestadoras de salud privada aseguraron que afrontan una «gravísima» situación, mientras anticiparon al Gobierno que no podrán dar el bono que rondaría los 5.000 pesos para los trabajadores al argumentar que peligra el pago de sueldos.
Las cámaras, que representan en conjunto a más del 95% de las instituciones médico-prestadoras del país, le expusieron al Ministerio de Producción y Trabajo la «gravísima» situación del sector y reclamaron reuniones con representantes gremiales al afirmar que «si los prestadores médicos entramos en crisis, entra en crisis todo el sistema de salud argentino».
La presentación a la cartera fue realizada por clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento, geriátricos y psiquiátricos de todo el país.
Así, dieron a conocer «la delicada problemática estructural de salud en materia económica, impositiva y fiscal». Señalaron que el rubro «arrastra la caída desde la crisis de 2018 y se agudizó todavía más con la devaluación e inflación luego de las PASO».
Si bien resaltaron que no desconocen «la necesidad de los trabajadores por recomponer lo que perdieron de sus bolsillos», sostuvieron que «no podrán pagar el bono de cinco mil pesos impuesto por el Gobierno y que está en duda el cumplimiento de los salarios pactados por convenio».
