La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo, y en un solo procedimiento, la Dirección General Impositiva (DGI) secuestró más de 8.000 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana.
La empresa pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay. Las 8.100 toneladas de maíz decomisadas por la DGI-AFIP equivalen a unos 300 camiones y el valor de mercado supera los $160 millones, según informó el organismo a través de un comunicado. Asimismo, la evasión estimada con la operatoria desarticulada supera los $65 millones.
La investigación comenzó tres meses cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. En este contexto, la primera medida que tomó la DGI-AFIP fue investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz y fiscalizar sobre la inconsistencia en el origen de los granos. Por ese motivo, las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana y, en ese momento, detectaron que los mismos carecían de cualquier tipo de capacidad operativa.
También se identificaron otros productores, que habían sido inscriptos recientemente en los registros, y no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Asimismo, se constató la adulteración en algunas de cartas de porte utilizadas, que son la documentación obligatoria para transportar granos dentro del país.
El lunes se resolvió el decomiso del total de la mercadería y ahora se espera la decisión judicial para disponer de la mercadería que se va a liquidar a través de una subasta. Lo que se recaude de esa operación se destinará al Ministerios de Desarrollo Social, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.
El segundo operativo en la misma semana
En las últimas horas, la AFIP realizó un operativo en un depósito fiscal de la ciudad de Rosario e incautaron 502 toneladas de soja que estaban a punto de partir hacia Paraguay. En este caso, también se trataba de un productor nuevo que carecía de capacidad económica para comercializar esa cantidad de granos y ya se encontraba bajo una fiscalización por la utilización de facturas apócrifas.
