El juez federal Rodolfo Canicoba Corral fue quien había dispuesto la detención de Omar «Caballo» Suárez y luego negado a liberarlo, tras el pedido del exhombre fuerte de los Marítimos. Suárez está doblemente procesado y está acusado de ser jefe de una asociación ilícita que extorsionaba y administraba en beneficio propio el dinero del gremio de trabajadores marítimos. Además es investigado por «entorpecimiento de la navegación».
La defensa del exsindicalista apeló la prisión preventiva ante la Cámara Federal porteña, pero la Sala I del tribunal ratificó que «El Caballo» deberá seguir en la cárcel. Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero se pronunciaron en contra del pedido, que sólo respaldó Eduardo Freiler.
«Advierto la existencia de claros riesgos para el devenir del proceso que demuestran que, en procura de conjurarlos, resulta necesario privar provisoriamente de la libertad al imputado», indicó Ballestero. Mientras que Freiler consideró en su voto: «No percibo razón alguna que habilite a sospechar que el imputado habrá de entorpecer el avance de la investigación en curso».
GRITOS E INTIMIDACIÓN: ASÍ EXTORSIONABA SUÁREZ
Durante los casi 30 años que estuvo al frente del SOMU el gremialista preferido de la expresidenta Cristina Kirchner cosechó mucho poder: fue amo y señor de los puertos y de las vías navegables. En Telenoche, uno de los empresarios que lo denunció contó cómo padeció la extorsión del sindicalista.
«Nos fue bien durante muchos años hasta que apareció la figura del Caballo y eso empezó a signar nuestra desgracia. En 2007 me llama a su gremio y me dice que me tengo que retirar y dejarle el tema de los tanques a él. Le pregunté cuánta plata tenía que poner y casi nos agarramos a las trompadas», describió Máximo Padilla, de Petro Tank, empresa dedicada al transporte marítimo de petróleo y combustibles.
LOS PROCESAMIENTOS DE SUÁREZ
Canicoba Corral procesó por primera vez a Suárez el 5 de diciembre de 2014 por «entorpecimiento de las vías navegables». En esa resolución el magistrado también procesó a los directivos del SOMU Rigoberto Suárez Cardozo y Jorge Vargas, para quienes el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el juicio oral. En ese contexto el juez dispuso la intervención del SOMU y de sociedades relacionadas con el gremio.
Suárez está acusado en esta causa por haber puesto en riesgo la seguridad de la navegación de un buque de fuel oil y de haber privado a los buques cargados de combustible del servicio de remolcadores para poder entrar a puerto.
Además está procesado bajo la acusación de ser jefe de una asociación ilícita que extorsionaba y administraba en beneficio propio los fondos del gremio de trabajadores marítimos.
