El Gobierno puso en marcha el mecanismo para definir los aumentos que se aplicarán desde abril del año próximo hasta 2021, como indica el marco que rige a ese sector. Mediante la resolución 4122/2016, el Enargas, que regula a ese segmento, convocó a audiencias públicas el dos de diciembre próximo para definir los incrementos que recibirán las compañías Camuzzi Gas Pampeana (maneja la red de distribución en varios lugares de la provincia de Buenos Aires y el centro del país), Camuzzi Gas del Sur, a cargo del mismo servicio en la Patagonia, y TGS, la transportadora de gas que maneja el sistema en la zona sur del país.
La segunda semana de diciembre (del 5 al 9) tendrían lugar las de Gasnor y Ecogas, en Córdoba, y en otro grupo TGN y Litoral, en Santa Fe. En tanto, las de Metrogas y Gas Natural Fenosa se harán en la Ciudad de Buenos Aires, también esa semana. Se espera que sean específicamente el entre el 5,6 y 7 de diciembre, ya que 8 y 9 son feriados.
Todavía no está definido cuál es el incremento en la tarifa que pedirán las empresas.
Las audiencias públicas, que se realizarán en Bahía Blanca, son el requisito obligatorio para avanzar con la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un procedimiento que establece los ingresos que recibirán las compañías, pero también sus obligaciones de inversión y las pautas de calidad del servicio que tendrán que brindar hasta 2021. Se trata de una instancia que el kirchnerismo había suspendido para mantener las tarifas congeladas, pese a que la ley del gas establece que son obligatorias.
En las audiencias públicas que se realizaron en septiembre último, el Gobierno dispuso un aumento de transición para el sector de distribución, pero definió los precios mayoristas del gas (asociados con el denominado gas en boca de pozo), que establece un sendero de aumentos semestrales, en abril y en octubre.
Con esa propuesta, la suba promedio para los hogares fue del 203%, pero por debajo del incremento en torno al 325% que había dispuesto a partir del 1° de abril, lo que había despertado rechazo en ciertos sectores y fue finalmente anulado por la Corte Suprema.
