Todas las organizaciones sociales y sindicales lo repudiaron a través de cartas, conferencias de prensa y movilizaciones. La mayoría de la población está en contra.
Las sesiones de los ministros de Finanzas del G20 que comenzaron ayer y continúan hoy en el Centro de Exposiciones y Convenciones fueron el escenario elegido por el gobierno para continuar las negociaciones y reuniones bilaterales con los técnicos y funcionarios del FMI encabezados por Christine Lagarde. Allí también se puso de manifiesto el creciente rechazo que el acuerdo con el organismo recoge entre la población local.
Miles de manifestantes se concentraron desde las 12 del mediodía en el cruce de las avenidas Las Heras y Pueyrredón para movilizarse al predio ubicado a pocas cuadras del lugar. Un inmenso operativo coordinado entre la Policía Federal y la Gendarmería los bloqueó en ese mismo lugar.
Allí estaban las columnas de los partidos que integran del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), otras organizaciones de izquierda y movimientos sociales como Barrios de Pie, la CCC y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), así como la CTA Autónoma de Hugo Godoy.
Pero ya el viernes se produjo otra masiva movilización desde el Obelisco y el Ministerio de Desarrollo Social que concluyó en un abrazo al Banco Central protagonizada por los movimientos sociales y otras organizaciones sindicales como la CTA Autónoma (Micheli) y políticas como Nuevo Encuentro, La Cámpora y Patria Grande.
En rigor, allí confluyó gran parte de las organizaciones que promovieron la carta firmada por 400 referentes políticos, sindicales y sociales que, con la adhesión del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, fue enviada a Cristine Lagarde para adelantar el repudio popular al acuerdo con el organismo que preside.
La misiva señala que «dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina». Al mismo tiempo advierte que el gobierno «se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría».
El jueves, por otra parte, la conducción en pleno de la CGT realizó una conferencia de prensa para dejar explicitado formalmente su rechazo al acuerdo con el organismo internacional.
Aunque se abstuvieron de anunciar medidas de fuerza contra el acuerdo o alguna acción callejera, en boca de Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros que conducen la central, pronosticaron un «conflicto infinito» en el país como desenlace inevitable.
Luego, el mismo Schmid en declaraciones radiales vaticinó la posibilidad de un «estallido social» como consecuencia del malestar que generan las políticas que se derivan del plan delineado con el FMI ya que, aseguró, no afecta solamente a los sectores más postergados sino también a las clases medias y medias altas. El mismo dirigente aseguró que, por ese motivo, «el ajuste es inviable política y socialmente».
De hecho, el repudio al rumbo asumido por el gobierno no sólo se manifiesta a través de las expresiones organizadas del movimiento popular sino también en lo que se refiere a la opinión pública más general.
Una reciente encuesta elaborada por la consultora Synopsis da cuenta de que el 52,5% de la población está en desacuerdo con el FMI y que apenas un 36% acuerda con esa salida para resolver los problemas del país. En la misma línea sólo el 19,4% de la población cree que el rumbo económico que ha tomado el país es el correcto.
Desde la Universidad de San Martín, un estudio elaborado por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) también dio como resultado que el 55% de la población consideró que el acuerdo con el FMI «perjudicará a la mayoría de los trabajadores.».
En las inmediaciones del Centro de Exposiciones y Convenciones y previo al acto que realizaron en el lugar, Marcelo Ramal, dirigente del FIT-PO señaló a Tiempo que «buscan trasladarles a trabajadores y jubilados la quiebra de la política oficial. Planteamos el rechazo al acuerdo con el FMI y una salida a la crisis de los trabajadores. Para eso es necesario ya mismo un paro general activo de 36 horas que retome la masiva jornada de lucha del 25 de junio y vaya hacia la huelga general. Los trabajadores podemos derrotarlos», aseguró.
En el mismo lugar, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, señaló a este medio que «las medidas del FMI en nuestras tierras jamás han mejorado las condiciones de vida de los humildes. Decidimos suscribir la carta a Christine Lagarde porque nos parece de suma importancia que sepa que el acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina y que nadie, a excepción del gobierno, lo legitima.»
Hugo Cachorro Godoy, dirigente de ATE nacional y de la CTA Autónoma señaló que «el repudio se ve en las movilizaciones que se están realizando desde que se anunció. La gran Marcha Federal y el paro nacional del 25 de junio tuvieron entre sus consignas el rechazo al FMI. La protesta va a crecer porque las consecuencias son desastrosas. El gobierno ya tiene que empezar a revisarlo. Vamos a seguir hasta que se de marcha atrás con este acuerdo contrario a los intereses nacionales», adelantó.
Más allá de la percepción popular y hasta empresaria del impacto del acuerdo sobre la economía, lo cierto es que la amplitud de sus efectos todavía está por verse. Las actuales manifestaciones son apenas un preludio de lo que vendrá al calor de los despidos y los otros efectos concretos del ajuste.
Fuente:tiempoar.com.ar
