Cristina Kirchner le solicitó al juez federal Julián Ercolini que eleve a juicio oral y público la causa en la que se la acusa de presunta administración fraudulenta por haberle destinado mucha obra pública a la provincia de Santa Cruz. En su requerimiento, la ex presidenta adelantó que «en la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho” se le imputan.
El magistrado procesó en su momento a la ex mandataria, a algunos de sus ex funcionarios y también a Lázaro Báez. El eje del expediente es que CFK destinó el 11 por ciento de la obra pública a Santa Cruz. El magistrado consideró desproporcionada la obra a pesar de que esa provincia tiene el 10 por ciento del territorio y concluyó que la ex presidenta buscó beneficiar a Báez, sin tener en cuenta tampoco que las asignaciones presupuestarias para construir las rutas fueron aprobadas por el Congreso.
Además de estar procesada, Cristina Kirchner tiene por esa causa un embargo por 10 mil millones de pesos. Además de ella y Báez, hay otros 18 procesados en camino al juicio oral, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Gerardo Pollicita, el fiscal que interviene en el expediente, como así la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera habían pedido semanas atrás la elevación a juicio. Las defensas de los imputados deben plantear ahora si están de acuerdo o se oponen. Fue en ese marco que la ex presidenta realizó su solicitud.
Por medio de un escrito firmado por Carlos Beraldi, su abogado en este caso, la senadora sostuvo que los requerimientos del fiscal y las querellas, «encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones oportunamente deducidas, algunas de las cuales, incluso aún no han sido resueltas por auto firme».
