El presidente Mauricio Macri decretó duelo nacional este jueves, 18 de julio, al cumplirse 25 años del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que provocó 85 muertos y 300 heridos.
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En el documento oficial, el Ejecutivo recordó “la magnitud de tan criminal suceso” que dejó en la sociedad argentina “marcados sentimientos de repudio y dolor” por la “irreparable pérdida de valiosas e irremplazables personas”.
En ese marco, el jefe de Estado ordenó que durante el jueves la bandera nacional permanezca «izada a media asta en los edificios y lugares públicos».
Además, adelanta que «el Poder Ejecutivo Nacional hará mención destacada de la conmemoración del referido atentado terrorista» en el marco del discurso que el jefe de Estado pronunciará en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
En ese marco, se agrega, Macri «reiterará el pedido dirigido a la República Islámica de Irán para que coopere en la investigación de los hechos y el juzgamiento de sus responsables con las autoridades judiciales argentinas».
Para las indemnizaciones habrá un nuevo plazo de 180 días hábiles para presentar el pedido, en el ámbito del Ministerio de Justicia. Las medidas funcionan como una señal a la comunidad judía y a la vez a Estados Unidos, que pedía incluir a Hezbollah como organización terrorista.
El decreto modificó una norma de junio de 2012 y estableció la creación de ese registro, ya que hasta el momento el país no tenía una lista propia y se guiaba por la nómina realizada por Naciones Unidas, en la que no está incluida Hezbollah.
El registro dependerá del ministerio de Justicia, liderado por Germán Garavano, e incluirá además a las personas vinculadas con los actos de terrorismo y su financiamiento. El decreto está firmado por el presidente Mauricio Macri, el canciller Jorge Faurie, el jefe de Gabinete Marcos Peña, Bullrich y Garavano.
Tendrá como objetivos «brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento». Será de acceso público, con los alcances que defina el ministerio de Justicia, «resguardando la protección de datos a través de las medidas de seguridad pertinentes y determinando la forma de acceso a la información», indica la resolución.
