La Justicia federal recibió este lunes una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre otros acusados, por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo.
La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Avianca por la ANAC al uso nacional e internacional de las Rutas Aéreas. «Estas –de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad AEROLINEAS ARGENTINAS».
«La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas ya que el gigante «colombiano» (hoy en manos de la Flia MACRI) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder», dice la denuncia.
La presentación quedó radicada ante el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodriguez y fue realizada por Fernando Miguez de fundación por la Paz y Cambio Climático.
«Este fraude en contra del Estado nacional tiene nombres y apellidos; MACRI, PEÑA, QUINTANA, DIETRICH, IRIGOIN y COLUNGA», dice la denuncia.
La presentación también alcanza a Juan Pedro Irigoin, titular de la ANAC; Mario Quintana, coordinador del gabinete económico; y a Carlos Colunga, vinculado al grupo Macri.
En la denuncia se advierte por un posible «quebranto de nuestra empresa de bandera ante una competencia desleal toda vez la misma compite con la empresa cuyo titular es la Familia MACRI».
«También el Presidente de AVIANCA es el ex CEO de Macair el Sr. Carlos Colunga, obviamente siguen siendo ambos empleados y testaferros de MACRI», dice la denuncia.
El denunciante pidió suspender todo lo actuado en ese sentido por el Estado y «en orden al poder dominante de los funcionarios DIETRICH e IRIGOIN en relación a la presente denuncia solicito su urgente detención toda vez ambos «funcionarios desleales» pueden entorpecer la investigación preliminar», reclama la presentación judicial.
