Con 9 votos a favor y uno en contra, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, encabezado por la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata Ana María Bourimborde, destituyó al fiscal Claudio Scapolan y le dictó la inhabilitación permanente para ejercer cargos judiciales. Votaron a favor los conjueces legisladores Juan Pablo Allan, María Eugenia Brizzi y Daniel Lipovetzky de Juntos por el Cambio, y Walter Caruso de Espacio Abierto Juntos, y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel del Cerro y Juan Spinelli. El único voto en contra de la destitución fue de la senadora del Frente Renovador Sofía Vannelli.
El veredicto, que fue leído por el secretario de enjuiciamiento Ulises Giménez, también determinó que Scapolan deje de percibir de manera inmediata su sueldo como funcionario público; cabe mencionar que, desde su suspensión, el ahora ex fiscal seguía percibiendo el 60% de su sueldo.
De esta manera, el Jurado de Enjuiciamiento dio por probada la acusación que pesaba sobre Scapolan por negligencia y graves irregularidades en su actuación a cargo de la Unidad fiscal de delitos complejos de San Isidro. En los próximos días, luego de la notificación a las partes, se harán público los fundamentos de la sentencia.
Si bien en el juicio se ventilaban las responsabilidades funcionales y políticas propias del ejercicio de su cargo, las acusaciones surgen de su participación en una asociación ilícita –integrada por policías bonaerenses, abogados, informantes y secretarios de la fiscalía– que entre 2013 y 2015 se dedicó al armado de causas, la extorsión y la comercialización de estupefacientes, entre otros delitos.
De acuerdo a la acusación, que estuvo a cargo el representante de la Procuración y fiscal general de Pergamino Mario Gómez, en esos casos por los que está investigado penalmente Scapolan intervino de manera ilegal al arrogarse una competencia que no le pertenecía para garantizar la impunidad de esta organización criminal.
“¿Por qué Scapolan aparecía habitualmente en procedimientos de gran envergadura de los que, en realidad, debía apartarse y dar paso al fuero federal?”, dijo durante los alegatos el fiscal Gómez. Cuando estas mismas causas pasaron a la justicia federal ya había transcurrido el tiempo suficiente para que los altos responsables del transporte y la comercialización de los estupefacientes se hubieran sustraído de la justicia.
Además de la vulneración del principio de competencia material, el fiscal Scapolan también vulneró el principio de competencia territorial a decidir allanamientos de emergencia, sin presencia de magistrado, en distritos ajenos a su ámbito geográfico de actuación.
En ese sentido, durante las audiencias del juicio político, para la parte acusatoria había quedado demostrado que, en los casos Santellan, Bustamente y Anacona/Leones Blancos, Scapolan tuvo un rol preponderante al momento de ordenar allanamientos con falsos llamados de anoticiamiento, extorsión económica de la policía a las personas que sufrían los operativos, droga plantada en inmuebles específicos y personas que resultaron detenidas durante años por esas maniobras.
Mientras tanto, si bien la Cámara Federal de San Martín le dictó la falta de mérito por los delitos vinculados al narcotráfico, el ahora ex fiscal Claudio Scapolan sigue siendo investigado por su participación en esa organización criminal destinada a la extorsión, robo y comercialización de estupefacientes y está actualmente procesado por falsedad ideológica de instrumento público.
En su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participa como querella institucional en la causa penal, y siguió las audiencias del juicio político en su carácter de veedor.
La CPM destaca el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento que reconoció la gravedad institucional de esta acusación y el gran cúmulo de pruebas para avanzar con la destitución de Scapolan, producto del riguroso trabajo del fiscal federal Fernando Domínguez.
Este fallo debe ser, por un lado, un impulso para avanzar con la investigación penal y revertir la arbitraria decisión de la Cámara Federal que exculpó a Scapolan de los delitos más graves que se investigan. Por otro lado, este veredicto debe marcar el compromiso de las instituciones del Estado para investigar y castigar los actos de corrupción y la connivencia de sectores del poder judicial con las tramas del delito organizado.
