La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y envió al Senado el proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, en una clara respuesta a la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2×1 a favor del represor Luis Muiña.
El proyecto, que hoy será considerado por el plenario Senado en una sesión convocada para las 10, contó con 211 respaldos y el solitario rechazo del salteño Alfredo Olmedo.
En un hecho poco habitual, el debate del proyecto aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista para esta tarde con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema.
El ingreso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo a las bandejas del recinto de la Cámara generó el aplauso de pie de los diputados de todas las bancadas, en uno de los momentos más emotivos de las seis horas que demandaron el tratamiento del proyecto.
Durante el desarrollo de la sesión, que se inició a las 15.30 con otros temas, los referentes de todos los bloques comenzaron a trabajar en un texto consensuado en base a los seis proyectos que habían presentado legisladores de diferente extracción política.
Los diputados que presentaron proyectos fueron Victoria Donda, de Libres del Sur; la socialista Alicia Ciciliani; el kirchnerista Héctor Recalde; los macristas Daniel Lipovetzky y Pablo Tonelli; y Remo Carlotto, del Movimiento Evita.
En la mayoría de las iniciativas se planteaba eliminar cualquier amnistía o indulto a los genocidas y se especifica que no se podrá aplicar la ley del 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.
En el texto unificado los diputados aclaran que el beneficio del 2×1 «no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
En el segundo artículo, precisa, además, que el beneficio del 2×1 «será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia (1994) y la derogación (2001) de aquella ley».
El pedido para tratar el tema estuvo a cargo de Donda, quien en carácter de presidenta de la comisión de Derechos Humanos, solicitó «dar un contundente y claro mensaje a la justicia que en este país no vamos a renunciar a la memoria, verdad y justicia».
La legisladora y nieta recuperada aseguró que “es grave la interpretación equivocada y vergonzosa que hizo la Corte Suprema que benefició a un genocida” y dijo que “no queremos a ningún genocida caminando en nuestras calles”.
Ya en su discurso de fondo, al hablar sobre el proyecto, expresó: «No vamos a permitir que se quiera volver a levantar un muro de impunidad en nuestro país; a los genocidas no se los perdona!”.
Por su parte Remo Carlotto, diputado del Movimiento Evita e hijo de Estela, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó «que los represores cumplan la totalidad de la pena” y calificó al fallo de la Corte Suprema como «vergonzoso” y que «ofende en todos los órdenes”.
Por el Frente para la Victoria, el también hijo de desaparecidos, Juan Cabandié consideró que «los días previos a esta sesión fueron muy movilizantes» y utilizó parte de su discurso para internar demostrar que el fallo de la Corte fue instigado por el Gobierno nacional.
Desde el PRO, Pablo Tonelli justificó el camino por el que se llegó al fallo aunque aclaró que no fue oportuno: «la sentencia no es un disparate; el voto de la mayoría es razonable y ajustado a principios clásicos del derecho, pero eso no significa que el resultado del fallo no haya sido desafortunado”.
En el cierre de debate, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, sostuvo que “en casos de crímenes de lesa humanidad, el Estado argentino tiene compromisos internacionales y por ello no se puede indultar, ni amnistiar, ni aplicar reducción de penas a los autores de estos delitos”.
“Venimos a poner certidumbre frente a la incertidumbre y la zozobra que generó en los últimos días el fallo de la Corte”, expresó.
Por último, sentenció: «Somos nosotros los que interpretamos las normas que dictamos y que expresan la voluntad popular y la Justicia las aplica. Estamos ratificando un consenso inquebrantable que desde 1983 se viene construyendo en la Argentina en materia de DD.HH”.
Por el bloque Justicialista, Pablo Kosiner respondió que «no es verdad que los jueces no tenían otra opción, porque podían cumplir con los tratados internacionales» y advirtió: «No queremos que en pocos días ni los represores caminen por las calles junto a nuestros hijos».
