En 3 de cada 10 hogares de la Argentina vive una persona con algún tipo de discapacidad, y se estima que la cifra global alcanza a más de 5 millones de personas. Entre esta población casi el 60% está desocupado, de acuerdo con los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010 en todo el país, mientras que un estudio realizado por Adecco Argentina sobre las oportunidades laborales que ofrece el mercado para personas con discapacidad, indica que el 71% de las empresas no tiene empleados con discapacidad.
Dentro de este escenario, cientos de instituciones luchan para hacer valer los derechos de personas con discapacidad. El rol en el mercado de trabajo, el acceso a la justicia y la violencia de género contra mujeres y niñas con discapacidad son los temas centrales que se expusieron en el Congreso Provincial sobre Discapacidad, que se realizó el 6 de octubre en La Plata organizado por la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires.
La lucha constante por cumplir las necesidades básicas es una de las problemáticas que sufren y exponen los profesionales de abogacía y particulares de manera diaria. El derecho a rampas de acceso, baños acondicionados para personas con discapacidad, documentos traducidos a braille y dispositivos adaptados para un buen desarrollo laboral, son algunas de los reclamos y pedidos por los profesionales.
«El Tribunal de Familia tenía escaleras hacia abajo para llegar a la mesa de entradas, el acceso era imposible. Decidieron hacer el traslado a otro edificio donde continuaban las barreras; la sala de audiencias, por ejemplo, estaba en un primer piso sin ascensor, y se mantenía la mesa de entradas alta, que es vital porque es allí donde los abogados podemos consultar los expedientes. Mientras que la Sala de Mediación tenía una puerta muy angosta por la que no entraba una silla de ruedas», aseguró la doctora María Rosa De Ferrari, presidenta de la Comisión. A raíz de esta situación, la letrada pidió una inspección ocular in situ del juez en lo Contencioso Administrativo Carlos Alberto Herrera, quien tras recorrer el lugar ordenó realizar las adaptaciones pertinentes.
Pese a que el 39% de las empresas tienen hoy algún programa o política que promueve la incorporación de personas con discapacidad, aún queda mucho por hacer en varios empleo tanto públicos como privados. El mundo de la abogacía ya alertó sobre las falencia en materia de discapacidad, lo que funciona como un inicio para el cambio en varios sectores que sufren las mismas problemáticas.
Según datos suministrados en el congreso, actualmente son 341 los abogados incluidos en el régimen con discapacidad, 119 los abogados jubilados con discapacidad y 402 los afiliados a la Caja que perciben asignación por hijo con discapacidad. Entre otros derechos, los abogados con discapacidad cuentan con la posibilidad de que cuando los aportes y contribuciones ingresados durante el año calendario no les permitan cubrir su importe, la Caja les subsidia hasta un 50% de la misma.
«Solo el sector público ha mejorado un poco en la inclusión de personas con discapacidad, aunque sigue siendo contundente la deuda social que se tiene con este sector de personas». No se trata de cumplir por cumplir un cupo, se trata de incluir con calidad, porque detrás de toda persona hay aptitudes, capacidades y habilidades para trabajar, y si se las desarrolla es tanto más beneficioso para la persona como para el empleador», aseguró Patricia Bollini, directora del Área Laboral de la Asociación Del Desarrollo para la Educación Integral (ADDEI).
