El Ejecutivo oficializó la privatización de Corredores Viales S.A., argumentando pérdidas millonarias y deficiencias en la red vial. El nuevo esquema de concesión de rutas y peajes busca reducir el gasto público y atraer inversión privada.
El Gobierno avanza con la privatización de Corredores Viales: qué pasará con rutas y peajes
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar más de 6000 kilómetros de rutas nacionales. A través del Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, se confirmó que la gestión pasará a manos privadas mediante un esquema de concesión de obra pública, con el objetivo de mejorar la infraestructura y reducir el déficit fiscal.
Según datos oficiales, el 45% de la traza vial presenta deterioro, mientras que el balance financiero de la empresa en 2023 reflejó un rojo superior a los $268.676 millones. En ese contexto, el Ejecutivo determinó que la continuidad del modelo estatal no es viable y avanzará con un plan de licitaciones para adjudicar corredores viales a operadores privados.
¿Qué cambiará en las rutas y los peajes?
El nuevo esquema afectará importantes rutas nacionales, incluyendo tramos estratégicos en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Salta. También se incluirá el peaje Ricchieri, clave para el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Economía será el encargado de coordinar la liquidación de Corredores Viales y la adjudicación de los corredores. A diferencia de otros procesos de privatización, no habrá un programa de propiedad participada para empleados ni preferencias para inversores locales.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la eficiencia y la inversión, sectores opositores y sindicatos advierten sobre posibles aumentos en los costos de peajes, menor regulación estatal y el impacto en los trabajadores del sector.