A través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el Gobierno Nacional le autorizó a la Ciudad de Buenos Aires la importación de 60 pistolas Taser. Así lo dio a conocer en sus redes sociales el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel. “Confirmo que finalmente ANMAC autorizó la importación de pistolas Taser a CABA”, escribió el funcionario porteño en una publicación en su cuenta de Twitter.
En paralelo, el ministro de Seguridad en licencia (filtración de chats), Marcelo D’Alessandro, opinó que es «una gran noticia que llega muy tarde” y cargó contra al Ejecutivo. “Peleamos durante años para que el falso progresismo entendiera que hay que equipar a los que nos cuidan con lo mejor”, criticó. «La mezquindad de quienes hicieron política con la seguridad de los vecinos causó muertes. El único objetivo del kirchnerismo fue, es y será perjudicar a la Ciudad», añadió.
A mitades de febrero, tras el asesinato de Maribel Nélida Zalazar, una oficial de la Policía de la Ciudad, fue atacada a tiros por un hombre mientras prestaba servicio en la estación de subte de Retiro, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había dado a conocer la compra de 100 pistolas Taser para destinarlas a grupos especiales de las fuerzas federales del país. Por entonces, además, adelantó que la Ciudad iba a poder utilizarlas.
Dentro del Gobierno de la Ciudad, otro que se expresó fue el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, quien también le recriminó a la Casa Rosada la demora por la entrega de las Taser. “Finalmente conseguimos la aprobación. Hoy iniciamos el camino para formar a nuestros agentes y darles más herramientas para cuidar mejor a los vecinos de la Ciudad. Tuvo que levantarse la Argentina a reclamarle seguridad a la Nación para que actuaran”, remarcó.
Las disputas entre el oficialismo y la oposición por el uso de las armas de electrochoque por parte de la Policía no es nuevo, pero el debate se revivió luego del homicidio de la uniformada. Incluso, una semana antes del hecho, el juez federal en lo contencioso administrativo Walter Correa había intimado al gobierno de Alberto Fernández a resolver en 30 días el pedido de la administración porteña para avanzar con el proceso de importación de las Taser.
