El juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos, Carlos Alfredo Rossi, que le otorgó el 1º de julio del año pasado la libertad condicional a Sebastián José Luis Wagner, el principal sospechoso de matar a Micaela García y que había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, solicitó una licencia médica de 20 días por «depresión».
Mientras tanto, diputados y senadores de diferentes fuerzas de la Legislatura de Entre Ríos impulsaron pedidos de remoción del juez.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, manifestó esta mañana su deseo de que «avancen con celeridad» los pedidos de juicio político, y dijo que, «lamentablemente, tomar este tipo de decisiones de un modo desaprensivo y sin mirar a las víctimas, ni el contexto, nos lleva a este tipo de tragedias».
El senador por el departamento de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, (Cambiemos), ya formalizó su pedido de enjuiciamiento y mostró su preocupación por los criterios de la justicia entrerriana para conceder la libertad condicional a condenados por delitos graves.
«Estas decisiones, tomadas al límite de la ley, apartándose de una serie de informes técnicos que desaconsejaban tal medida, demuestran, una vez más, que tenemos un tipo de jueces que se ponen más cerca de los delincuentes que de sus víctimas», dijo el senador, en relación a la decisión del juez Rossi de otorgar una libertad condicional al violador desoyendo los informes psicológicos y técnicos.
Aldo Ballestena, senador del Frente para la Victoria del Departamento La Paz, también formalizó esta mañana su pedido de enjuiciamiento y afirmó que «hay mal desempeño de sus funciones» y en el documento solicita que «se proceda a suspender al magistrado denunciado» en forma inmediata.
En tanto, senadores y diputados de Cambiemos analizaban esta tarde las medidas a tomar en una reunión en Gualeguay, según pudo saber Télam.
Mientras tanto, los diputados del Frente para la Victoria también anunciaron que presentarán formalmente ante el Jury de Enjuiciamiento «un pedido para que se analice la conducta del juez» de Gualeguaychú.
El diputado provincial Ricardo Troncoso (UCR) y su par del Frente Renovador, María Elena Tassistro, también impulsarán un jury de enjuiciamiento contra el juez Rossi.
El Jurado de Enjuiciamiento, tras la reforma de la Constitución de Entre Ríos en 2008, no fue reglamentado por la Legislatura entrerriana.
La irregular situación ya se advirtió cuando el Senado debió sancionar un reglamento para poder constituirse en Corte de Justicia y llevar así adelante el juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Carlos Chiara Díaz, a quien destituyeron en febrero por el cobro indebido de viáticos.
En medio del proceso, en Diputados ingresó un proyecto de ley para volver operativo ese instituto, pero todavía no se analizó.
Esta mañana, el actual Presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Antonio Eduardo Mainez, reconoció en declaraciones a Radio El Mundo que el cuerpo no tiene «atribuciones constitucionales para intervenir en un proceso donde se revise si un magistrado incurrió en una falta que merezca un juicio en el que intervenga un jurado de enjuiciamiento».
Además, Mainez dijo que no tiene conocimiento que Rossi haya tenido «cuestionamientos anteriores en sus fallos».
