En medio de la tensión política, el Gobierno envió al Congreso el presupuesto 2022 que prevé un recorte de subsidios que podría traducirse en un aumento del 30% en tarifas eléctricas, un factor que acentuó las diferencias en el seno del Poder Ejecutivo.
En la carta pública que la vicepresidenta Cristina Kirchner difundió, una de las principales críticas está dirigida hacia la decisión de la administración de Alberto Fernández de hacer eje en el equilibrio fiscal y no en la ayuda social.
A la hora de evaluar los factores que contribuyeron a la derrota electoral del domingo, la vicepresidente hizo foco en la falta de asistencia a los sectores de menores recursos.
En la misiva, la presidenta del Senado advirtió que en diversos encuentros con el jefe de Estado «señaló que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad, y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales».
La crítica categórica de la vicepresidenta hacia la política fiscal impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue uno de los factores que desató la crisis política dentro del Gobierno.
Sin embargo, el proyecto ingresado ahora al Congreso sobre el presupuesto 2022 mantiene esa misma orientación, con una baja en los subsidios.
Reducción de medio punto del PBI
Según el proyecto, la partida destinada a servicios económicos en el rubro «energía, combustibles y minería» se reducirá de 2,2% a 1,7% del PBI.
Ese recorte representa una caída en el monto de los subsidios y consecuentemente un incremento en los cuadros tarifarios que será solventado por los usuarios y que podría llegar al 30% en el caso de las eléctricas.
Durante este año, la partida presupuestaria para el sector eléctrico fue de 971.794 millones de pesos y la estimación para 2022 es elevarla a 1.024.718 millones, un 5 por ciento en términos nominales, lo que supone una caída de 0,5 puntos del PBI.
El principal concepto es la partida destinada a la sustentabilidad del mercado eléctrico junto con las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que absorberá 609.197 millones de pesos, casi el 60% del total.
