La empresa mexicana Coca Cola-Femsa, la principal embotelladora de la gaseosa en el país, solicitó al Ministerio de Producción y Trabajo un procedimiento preventivo de crisis (PPC). En ese contexto, mañana se realizará una audiencia en la que participarán representantes de la empresa y del sindicato, además de funcionarios de la cartera laboral, para analizar opciones frente a los aproximadamente 80 despidos que planea la compañía, que alega dificultades financieras.
Si no llegara a ocurrir, la compañía podría echar a los trabajadores con el 50% de la indemnización, como prevé esta figura legal contemplada en la Ley de Empleo. Pero deberá someterse a futuros conflictos legales por parte de los despedidos, aclaran en Trabajo.
«Los representantes de Femsa expusieron la situación de la empresa. Puntualmente, enmarcaron dificultades en el funcionamiento de atención
en la bodega de la planta y en el turno de una de las líneas de
producto. Por parte de los gremios participó SUTIAGA, ya que los trabajadores involucrados se encuentran enmarcados bajo dicho
convenio«, detalló Trabajo.
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Amenaza gremial
El Sindicato de Camioneros no fue notificado oficialmente del tema ni participó de la primera reunión, pero la rama Aguas y Gaseosas de ese gremio se declaró en estado de «alerta y movilización» en rechazo a esta medida.
Estiman que tendrán que reunirse, porque si disminuye la producción de la planta también caerá la distribución en la que ellos participan. «Tenemos más de 300 compañeros en esa planta. No vamos a permitir despidos«, dijo a InfobaeMarcelo Aparicio, secretario Gremial.
Según informó Femsa, «la empresa está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo». En ese contexto —agregó en un comunicado— la compañía presentó un procedimiento preventivo de crisis para su planta del barrio de Nueva Pompeya.
Se espera para esta tarde una jornada de protesta en la planta a partir de las 17 en defensa de los puestos de empleo.
La compañía cuenta con 2.500 empleados en el país, pero en esa planta trabajan unos 800. De ese total, la empresa asegura que tiene que deshacerse del 10 por ciento. La figura legal contemplada en la Ley de Empleo establece que para las compañías de más de 1.000 empleados, deben presentar el PPC cuando quieren despedir a más del 5 por ciento.
El objetivo del Gobierno es buscar una salida intermedia para minimizar los despidos. Buscará ofrecerle los programas disponibles en la cartera laboral, como el plan de transformación productiva y los Repro.
