El fiscal Claudio Navas Rial requirió este viernes que se abre una investigación basada en la denuncia del Gobierno nacional por los presuntos delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones a Bolivia. La causa apunta al ex presidente Mauricio Macri y a sus ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).
También fueron imputados el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, el ex director de Gendarmería Gerardo José Otero, el ex director de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y el ex director de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart.
Una investigación interna realizada la semana pasada por el Ministerio de Seguridad de la Nación determinó que la gestión de Macri envió a los golpistas bolivianos lo que podría calificarse como un arsenal.
Tras la denuncia realizada por el presidente de Bolivia Luis Arce, la ministra Sabina Frederic ordenó iniciar una investigación para establecer fehacientemente la cantidad y calidad del material bélico remitido por el macrismo tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
Dicha investigación permitió determinar que el 11 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó a Gendarmería el envío a Bolivia de pistolas semiautomáticas, escopetas de repetición, carabinas automáticas, ametralladoras y fusiles.
También se enviaron al gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez más de 8.000 municiones de distintos calibres, chalecos antibalas, cascos y escudos balísticos y visores nocturnos, además del viaje de diez efectivos de esa fuerza federal.
En tanto, al día siguiente la ANMaC autorizó a Gendarmería remitir a territorio boliviano 70.000 cartuchos antidisturbios, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano; todo destinado a la represión y asesinato de opositores al régimen que surgió tras el golpe de Estado cívico-militar.
