Jorge Castillo, conocido como el «Rey de La Salada» por ser administrador de la mayor feria que funciona en ese predio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, será indagado hoy en el marco de la causa en la que está acusado de asociación ilícita y extorsión a feriantes, al igual que otras 30 personas entre ellas tres policías, informaron fuentes judiciales.
El fiscal de Lomas de Zamora a cargo de la causa, Sebastián Scalera, confirmó esta mañana el inicio de la ronda de indagatoria durante esta jornada y dijo que entre los imputados que prevé interrogar hoy se encuentra Castillo, que fue detenido ayer en su casa de un barrio privado del partido bonaerense de Luján, donde se resistió a los tiros e hirió en un ojo a un policía cuando disparó una escopeta por la mirilla de la puerta.
La detención se concretó en el marco de una investigación por asociación ilícita y extorsión a feriantes, que incluyó otros 55 allanamientos y permitió la detención de otras 30 personas, entre ellas un efectivo de la Policía Federal y dos de la Policía bonaerense, que aparentemente forman parte de la organización delictiva.
Según los investigadores, Castillo, dueño del Paseo de Compras “Punta Mogote” desde hace 20 años, lideraba la llamada “Banda de los Chaqueños”; su sobrino Adrián Capazo Castillo, propietario de la feria “Coty 4”, la conocida como “Banda de Adrián o de River” y otro sospechoso llamado Leonardo Gaitán, de la denominada “Banda de los Cucos”.
Todos fueron detenidos al igual que el hermano de Jorge, Hugo Castillo, y su esposa, Gladys Arrieta, propietarios del paseo “Coty 3”, entre otros familiares.
En una conferencia de prensa brindada ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que en la feria funcionaba «un Estado paralelo», calificó a Jorge Castillo como «un mafioso» y dijo que entre los detenidos hay un custodio del ex secretario de Seguridad Sergio Berni y un ex efectivo de la Prefectura Naval.
El fiscal Scalera informó que la causa comenzó en abril de 2015, cuando varias personas «quisieron recuperar la zona tras un desalojo y realizaron una serie de desmanes, cometieron robos, rompieron cámaras de seguridad e impidieron la circulación de vehículos».
«Este grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados», dijo el fiscal, quien aclaró que en base a los datos obtenidos en el marco de la investigación, «se pudo establecer la existencia de tres bandas”.
Estas organizaciones se dividían los distintos sectores callejeros alrededor de los tres complejos legales que funcionan en «La Salada», que siguen trabajando normalmente y no fueron clausurados, de acuerdo a la pesquisa.
Scalera explicó que se los acusa de explotar de manera ilegal los puestos, cobrar un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros por seguridad, limpieza, estacionamiento y el pago de un bono contribución.
También se les imputa obstaculizar permanentemente el tránsito y la circulación en los alrededores de la feria, con lo que impedían que los vecinos pudieran salir y entrar de sus casas.
Según el investigador, todas estas acciones eran realizadas bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran efectivizar, los feriantes eran golpeados, al tiempo que los miembros de la organización que actuaban como «seguridad» del lugar atacaban a las denominadas «mecheras» que encontraban robando en los puestos, a quienes llevaban hasta galpones, las hacían desnudar y las golpeaban con cinturones.
En paralelo al expediente penal que instruye Scalera, la Justicia Federal investiga una causa por evasión impositiva en ese mismo predio y ordenó diversos allanamientos en la feria Punta Mogote, en el marco de los cuales secuestró diez cajas de seguridad en las que había un total de once millones de pesos.
Un total de 11 millones de pesos y más de seis mil dólares fueron secuestrados en diez cajas de seguridad que fueron halladas dentro del complejo Punta Mogote, en la feria La Salda, durante el allanamiento ordenado por la Justicia Federal de Lomas de Zamora en el marco de una causa por «evasión impositiva» que tiene como único imputado a Jorge Castillo, «El Rey de la Salada», detenido ayer en su mansión de Luján.
«Era un búnker blindado, tres pisos de oficinas administrativas que se conectaban mediante puertas blindadas», dijo a Télam esta mañana una fuente judicial con acceso al expediente, quien agregó que el allanamiento del cual participaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería concluyó cerca de las cuatro de la madrugada.
Se trata de una causa iniciada hace varios años, en principio por «evasión impositiva», que tiene a su cargo el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, y que es una investigación paralela a la que lleva adelante el fiscal de instrucción del mismo distrito, Sebastián Scalera, por asociación ilícita y extorsión, entre otros delitos, y que derivó en los 55 allanamientos y las 30 detenciones de ayer, entre ellas la de Castillo y sus familiares y tres policías en actividad.
El allanamiento comenzó cerca de las 20 de anoche y finalizó cerca de las 4 de esta madrugada en el complejo Punta Mogote, uno de los tres que conforman la feria La Salada, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
Los policías de la Federal ingresaron al lugar tras romper una de las persianas metálicas de color azul y se dirigieron a las oficinas administrativas, en las cuales trabajaban unas 30 personas bajo la dirección y mando de Castillo.
Según los pesquisas, los policías tuvieron que derribar ocho puertas blindadas y hallaron diez cajas de seguridad en distintas habitaciones.
«En una de las oficinas tuvieron que correr un placar que, atrás, tenía una puerta oculta que llevaba a otra habitación de un metro cuadrado en la que había una caja fuerte», dijo un investigador.
Además del dinero, los policías secuestraron un vehículo, documentación que ahora deberá ser analizada por peritos contables y dos armas de fuego.
Se cree que el dinero secuestrado es producto del supuesto alquiler y canon que cobraba «El Rey de la Salada» a los feriantes y puesteros callejeros por el alquiler de los puestos.
El juez analiza ahora indagar a Castillo, aunque no tiene fecha prevista para hacerlo, dijeron las fuentes judiciales, quienes aseguraron, además, que se prevé imputar no solo la «evasión impositiva» sino también el delito de «lavado de dinero».
