Guillermo Marconi, secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra), confirmó que la AFA no les permitirá a sus afiliados suspender un partido ante insultos contra el Presidente de la Nación. «Nosotros hicimos una consulta vinculante. Íbamos a aceptar lo que nos dijera la AFA. Y nos comunicaron que no se pueden suspender partidos por cánticos contra la investidura presidencial», dijo Marconi a LA NACION. Y añadió: «Sólo queríamos saber qué podían hacer los árbitros ante estas circunstancias. Y si podíamos englobar esos cantos dentro de un acto discriminatorio, contemplado por el reglamento. Nos contestaron que no».
A la mañana, Marconi había causado revuelo al declarar que su sindicato «analizaba» suspender los partidos si en medio de los encuentros los hinchas comenzaban a insultar al Presidente, un hecho que ocurrió el último fin de semana al menos en tres canchas: Huracán (luego de un corte de luz), Independiente (en el entretiempo) y Lanús (luego de un gol mal anulado por el árbitro Fernando Rapallini). En la AFA confirmaron que ni siquiera se estudió la posibilidad de habilitar a los árbitros a suspender los partidos, y recalcaron que los insultos al presidente Mauricio Macri no se enmarcan como una manifestación discriminatoria. Además, adelantaron que «el tema termina acá», y que «no piensan» en incluir el asunto en la reunión del comité ejecutivo, que se realizará la semana próxima, ya con el presidente Claudio Tapia en el país (está en Sochi, Rusia, por un congreso de la FIFA). Aunque nadie quiso contestarle públicamente a Marconi, en las oficinas de la calle Viamonte entienden que no tienen por qué meterse en una situación que no les compete. «Después de todo, ningún árbitro para los partidos cada vez que la tribuna insulta al presidente de un club. Y eso pasa bastante seguido», recordó un dirigente cercano a Tapia trazando un paralelismo con la situación de Macri, que conoce de memoria la exposición de un dirigente de fútbol. Su carrera política comenzó en Boca.
Fuente: La Nación
