«Este traspaso busca devolverle las herramientas a los porteños y que la Justicia Federal se ocupe realmente de los temas federales», fue una de las primeras frases que dijo Mauricio Macri tras firmar el acta de transferencia de la Justicia penal ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Necesitamos una Justicia más eficiente, cercana y con respuestas”, dijo acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los titular de Justicia nacional y de la Ciudad. Luego remarcó: «Este convenio se tiene que aprobar en la Legislatura y en el Congreso de la Nación donde esperamos que sea acompañado».
El mensaje por Nisman
Un día después de cumplirse los dos años de la muerte del fiscal, el Presidente cuestionó las demoras judiciales. «No podemos dejar que se dilaten los casos», señaló, y agregó que esos retrasos generan «mucha frustración». Puso como ejemplo el caso del fiscal Alberto Nisman y se quejó porque todavía la Justicia no pudo determinar si fue o no un asesinato.
«Las cosas tienen que esclarecerse en un cierto tiempo», planteó, y consideró que los jueces deben ser evaluados sobre su actuación y pidió una Justicia «más eficiente y dinámica» porque «lo primero que piden las víctimas (de hechos de inseguridad) es que se haga justicia».
Cuáles son los cambios del traspaso
Los acuerdos firmados incluyen un convenio para seguir ampliando la transferencia de competencias penales, como robos y hurtos, a la Ciudad; la transferencia de las competencias relativas a la justicia en las relaciones de consumo (o defensa del consumidor).
También contempla el traspaso del Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal y el traspaso de la Inspección General de Justicia, el organismo que supervisa la inscripción de las empresas y asociaciones civiles.
El módulo central de ese traspaso fue la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, a cargo de unos 15.000 efectivos de la Policía Federal desplegados en las 54 comisarías porteñas.
Además, fueron transferidas las unidades de Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, que se unieron a los 6.300 efectivos con que contaba la por entonces llamada Policía Metropolitana.
Las críticas del gremio judicial
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) liderada por Julio Piumato, que el martes decidió el «alerta y movilización» en rechazo a la decisión del Gobierno de traspasar la justicia ordinaria a la órbita porteña, condenó la medida por «inconsulta e inconstitucional».
Un comunicado gremial firmado por Piumato, diunfifo ayer, y la secretaria de Prensa, Laura Iparraguirre, aseguró que la decisión implica «un desgüace inconsulto e inconstitucional de la justicia nacional».
La organización sindical resolvió ayer en representación de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos Fiscales (de la Defensa y de las Fiscalías) rechazar ese traspaso porque los empleados «no fueron consultados de forma orgánica respecto del convenio que se firmará mañana y, según algunos borradores, la metodología a aplicar no considera en absoluto su voluntad y solo los equipara con bienes muebles».
«Ello se agrava por el estado de la justicia de Buenos Aires que, lejos de focalizar sus esfuerzos en ese servicio, responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia sino los intereses y relaciones entre las fuerzas partidarias del distrito, y no contempla la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación sino de los contubernios políticos», puntualizaron.
Los dirigentes explicaron que la prioridad debe ser «el mejoramiento de la justicia y no su desgüace y, esa tarea, no está garantizada por el traspaso sino todo lo contrario, por lo que el gremio ratifica el estado de alerta y movilización en repudio a la inoportuna firma, en el mes de feria, de ese convenio».
