El proceso judicial es por la permanencia en espacios públicos y obstaculización de la circulación en la plaza central de Jujuy, durante un acampe de protesta.
La jornada de testimoniales, suspendida cerca de las 20.30 por pedido de las partes, seguirá el próximo jueves desde las 17 horas, cuando también se llavarán adelante los alegatos y se dará a conocer el veredicto final en torno al acampe que se extendió por 51 días, entre diciembre y enero de este año.
Yasky, declaró que fue parte del acampe tras la detención de Sala junto a otros miembros de la organización que representa.
Recordó que participó de una rueda de prensa en la que se presentó un documento donde ya exigían su inmediata liberación, donde advertían que «no se puede detener a nadie en ejercicio de una demanda sectorial».
Sobre lo que calificó como una «decisión intempestiva» de detener a Sala, argumentó que él estuvo con más de 2.000 docentes frente al Congreso de la Nación entre 1997 y 2000 y «nunca» fueron detenidos, «a pesar de ocupar un espacio público».
Agregó que el acampe se dio en un contexto a nivel país de «incertidumbre» por el cambio de gobierno, en el que en distintas provincias se estaban dando diálogos, no así en Jujuy «a pesar de reiterados pedidos de audiencia».
Yaski indicó que el objetivo del acampe era «iniciar un dialogo que les permitiera a las organizaciones tener en claro cuales iban a ser las modalidades de trabajo, además de garantizar su funcionamiento», lo cual «hacía prever que todo se solucionaba con una entrevista», que no ocurrió.
Concluyó con que es «deplorable que hoy Milagro Sala esté presa a pesar de que organismos internacionales se hayan expedido exigiendo su liberación».
En tanto, Pietragalla señaló haber viajado dos veces a la provincia durante el acampe, antes y después de la detención de Sala y coincidió con Yasky en la reconstrucción del porqué de esa protesta.
Dijo que se trató de un reclamo, «decidido en asamblea», ante «la advertencia de que iba a haber cambios en la forma de vinculación con las organizaciones sociales» y ante «la situación de que el Gobierno mantenía reuniones con otras organizaciones», excepto las vinculadas con
Sala.
Finalmente, valoró que el motivo de la detención fue una «locura» ya que el derecho a protestar está enmarcado en la constitución nacional, y que privar de su libertad a la dirigente «no fue más que un plan que se armó para empezar a armarle causas express».
Inés Peña, titular de la Asociación de Madres y Familiares de detenidos-desaparecidos de Jujuy, también fue citada y declaró, entre otras cosas, cuál es la modalidad horizontal de trabajo de organizaciones sociales y otros organismos de derechos humanos como el que representa.
Defendió el acampe, al que la organización que representa brindó su apoyo, al igual que las organizaciones, como la Tupac Amaru, que «siempre acompañaron las reivindicaciones, por ejemplo, por la verdad, la memoria y la justicia».
El último en declarar fue el subcomisario Pablo Montoya quien, citado por el departamento Contravencional, señaló que fue instructor de las primeras diligencias sobre el acampe, llevando adelante tareas de «prevención».
El efectivo relató cómo se inició y fue evolucionando la toma de la plaza y sus alrededores, y dio detalles de los distintos «elementos probatorios» recolectados que daban cuenta de la participación de la Organización Túpac Amaru y de Milagro Sala.
La jornada preveía un último testimonio de otro policía, pero, a pedido de las partes, se suspendió hasta el jueves próximo, debido a la audiencia final, mañana, del juicio contra Sala por el escrache a Gerardo Morales en 2009 Milagro Sala está detenida en el Penal de Alto Comedero desde enero de este año, imputada por los delitos de «fraude a la administración pública», «asociación ilícita», extorsión», «enriquecimiento ilícito» y «evasión impositiva».
A principio de mes el juez Pablo Pullen Llermanos procesó a Sala por «homicidio agravado en grado de tentativa por promesa remuneratoria».
