Movimientos sociales realizaron este sábado una protesta en el Puente Pueyrredón para recordar el asesinato de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en 2002.
La manifestación fue llevada a cabo por el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez, entre otros, en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires desde el partido bonaerense de Avellaneda, que estuvo totalmente bloqueado.
El objetivo de la medida de fuerza, que complicaba el tránsito en la zona, fue reclamar justicia por Kosteki y Santillán, brutalmente asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense el 26 de junio de 2002 antes de que se produzca un piquete en el Puente Pueyrredón.
«La impunidad sigue vigente, mientras no haya un esclarecimiento de las responsabilidades políticas e ideológicas, y haya juico y cárcel a los verdugos de nuestros compañeros», advirtieron los movimientos sociales.
Cuando se produjo la «Masacre de Avellaneda» Eduardo Duhalde era presidente, Aníbal Fernández era secretario general de la Presidencia y Felipe Solá estaba a cargo de la Gobernación bonaerense: son los principales apuntados por las organizaciones sociales, además de Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, Luis Genoud, Jorge Matzkin y Oscar Rodríguez.
Ante un nuevo aniversario del crimen de los dos militantes populares, la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, recordó el hecho, aunque dirigentes de la izquierda cuestionaron la publicación y cuestionaron que Solá esté en el Gobierno al frente de la Cancillería.
El 26 de junio de 2002, en un contexto de fuerte recrudecimiento del conflicto social y con el precedente fresco de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, Kosteki (de 25 años) y Santillán (de 21), quienes integraban el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD), fueron asesinados durante una jornada de protesta en reclamo por planes sociales, cuando se producía un corte en el Puente
Pueyrredón.
El escándalo político que generaron los sucesos hizo temblar la Presidencia de Eduardo Duhalde, quien decidió adelantar las elecciones que consagrarían ganador a Néstor Kirchner, inaugurándose un nuevo ciclo político en la Argentina.
Por estos crímenes, el 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó a prisión perpetua al ex comisario Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Gabriel Acosta, entre otros efectivos de la Policía Bonaerense, aunque los familiares de las víctimas y las organizaciones siguen reclamando por las responsabilidades políticas de la represión.
